Juan José Narciso Chúa
Al abrir este nuevo período de Gobierno, Guatemala alcanzará los 35 años de vida en democracia; es decir, que si sumamos el nuevo régimen que tendrá otros cuatro años, estaremos en los casi 40 años de vida democrática. Cuando se pasan esa cantidad de años cualquier persona tiende a pensar que el peso de los años, de las experiencias, de los errores, de los aciertos provee condiciones para tener una democracia consolidada. Hagamos un análisis al respecto.
Ciertamente, desde el inicio del período democrático, se inició el primer régimen democrático con una nueva constitución política, también hubo elecciones generales sin mayores problemas, asumió un primer gobernante civil, con una gestión que duró cinco años. Dentro de este período hubo varios intentos -pequeños y aislados-, de golpes de Estado, pero el equipo de Gobierno, los superó hábilmente, pero hay que reconocer que el poder del Ejército se mantuvo fuertemente y todavía hubo acciones punitivas contra estudiantes y dirigentes de organizaciones sociales.
Tal vez el único momento difícil de la democracia fue el intento de golpe de Estado de Serrano Elías; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad logró resolver el asunto dentro del marco de la institucionalidad. A partir de acá, sucesivos equipos de Gobierno asumieron, por medio de elecciones generales libres, la alternancia no tuvo problemas mayores, hasta el Gobierno de Otto Pérez, período que coincidió con la fuerte presencia de la CICIG y un Ministerio Público dispuesto a aplicar la ley, sumado a ello, las movilizaciones ciudadanas de 2015 abrieron la esperanza para una nueva forma de hacer política y de transformar algunas estructuras caducas, corruptas e impunes.
Pero no fue así, con Jimmy Morales todo sufrió una enorme regresión, se desbarató a la CICIG, se apuntaló el pensamiento conservador, se rehicieron las redes criminales corruptas y se recreó de nuevo, por la mano de jueces venales y vendidos, la impunidad, con resoluciones adecuadas a las circunstancias y hacerse ver como candidato a la CSJ.
Hoy el nuevo equipo, ha continuado con la línea establecida por Morales y Arzú, únicamente que ahora es Quiñónez-Arzú-Giammattei, arropado en un Congreso controlado por el Pacto de Corruptos. Al final, aunque el período democrático había ensanchado el poder civil sobre el militar, aunque poco se había podido ordenar la presión del sector privado y la oligarquía, hoy retoman su poder. El problema es que estos grupos de militares que se aprestan a conducir la seguridad ciudadana, la seguridad regional y la hemisférica, no son más que hijos de la contrainsurgencia, sin ningún atisbo de manejo de seguridad e inteligencia civil, cuando existen profesionales y civiles conocedores y expertos en esa materia.
La cúpula del CACIF se encuentra exultante de retomar su espacio en el poder, pero sin modificar ni su discurso, ni pensando en desmantelar los privilegios que han sido su factor determinante e igualmente invadiendo la esfera de las decisiones políticas, estableciendo las reglas del juego y dominando el tablero en todos los ámbitos.
El presidente electo ha mostrado fehacientemente cuáles son sus aliados. Nada nuevo. Quiñónez en la municipalidad, Arzú en el Congreso, militares en la seguridad ciudadana y miembros del CACIF. Ojalá Willy, el vicepresidente electo, pueda constituir el fiel de la balanza. Todo, aparentemente, hasta que no ocurra algo serio y contundente que cambie la conjugación de poderes, muestra que la democracia continuará enjaulada y dominada por los poderes fácticos. La olla de presión seguirá calentándose hasta que explote por lo visto. ¿Democracia consolidada?, que va, ¿enjaulada? Sí.
