En la primera presentación que se hizo sobre los varios casos que demuestran la cooptación del Estado, el comisionado Iván Velásquez dijo que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca, demostrando con hechos cómo es que por esa vía se logra la captura del Estado para ponerlo al servicio de los financistas cuyos intereses y privilegios se convierten en la razón de toda la función pública en nuestro país. No es extraño que desde hace años se haya abandonado la búsqueda del bien común para operar únicamente en la corrupción y la creación de privilegios para las élites, puesto que los políticos no dependen del respaldo popular porque éste es producto de los gastos de campaña que compran voluntades y, por supuesto, su agradecimiento va para los que hicieron posible el triunfo y no para los votantes.
Discrepo seriamente de los que creen que fue un error legislativo haber colocado todo el financiamiento electoral en la misma canasta, castigando lo mismo al dinero del crimen organizado que al de los financistas de postín, porque el efecto es exactamente el mismo, es decir, se está sobornando y comprando la voluntad de los políticos para ponerlos al servicio de intereses particulares y no del interés nacional. Pero también porque por mucho que el dinero se presente como limpio, no se puede ocultar que proviene también de los beneficios de la corrupción o, por lo menos, de los privilegios que se aumentan como consecuencia de esa danza de millones, de manera que la limpieza del dinero no termina siendo tan cristalina como algunos la tratan de pintar.
Ahora se convoca nuevamente a la sociedad a involucrarse en las reformas a las leyes políticas, repitiendo lo que ocurrió tras el destape de la corrupción en el 2015 y el Tribunal Supremo Electoral hace una extensa y amplia invitación a la sociedad para que se involucre en el análisis y la propuesta. Creo que es importante esa participación, aunque tenemos que entender que todo lo que se proponga terminará llegando al Congreso de la República y los diputados legislando sobre financiamiento electoral es como que Alí Babá se encargue de determinar el castigo a los ladrones o que se encomiende a un pandillero la elaboración de la ley para control de las maras. Obviamente que todos ellos actuarán de acuerdo a sus particulares intereses sin ponerse la soga al cuello, situación que es justamente la que ocurre con el tema de políticos legislando sobre el financiamiento político que tanto les beneficia y tan cómodo les resulta.
Pero mientras la sociedad siga indiferente y se comprometa tan poco, con tal de no molestar a los más copetudos, el país no tiene salida ni esperanza porque seguiremos viendo los mismos vicios y las mismas debilidades que están acabando con la institucionalidad. Es cierto que ello nos pasará factura a todos, tarde o temprano, pero puede más la visión de corto plazo de quienes no ven que lo que están construyendo es más frágil que el Libramiento de Chimaltenango y que, más temprano que tarde, toda su comodidad y fortuna quedará sepultada por el derrumbe provocado por un estallido social sin precedentes.
