Todos los trámites de la administración pública tienen, por fuerza, que llevar su debido proceso, por lo que es muestra de absoluta ignorancia del Presidente del Congreso y del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos afirmar que no siendo un tribunal no tienen por qué adecuar sus actuaciones a ningún debido proceso. Es obvio que están avanzando para destituir al Procurador de los Derechos Humanos, pero esa decisión tiene que cumplir con una serie de requisitos establecidos en ley, lo que constituye cabalmente el debido proceso que debe respetarse para enmarcar las resoluciones del Poder Legislativo.
Lo de ayer fue una burda emboscada que montaron contra el Procurador, empezando por la forma en que facilitaron el ingreso a miembros de grupos afines al Pacto de Corruptos y para impedir por la fuerza que otros grupos de la sociedad pudieran hacerse presentes. El tono y contenido de la petición planteada por el diputado Giordano es una muestra de que no tiene la menor idea de lo que son las funciones de un Procurador porque no entiende en absoluto nada de Derechos Humanos. Las invasiones de fincas, por ejemplo, son un delito que se tiene que perseguir por las instancias legales correspondientes (Ministerio Público) y por ello no están en el ámbito de la competencia del Procurador. El puede y debe señalar las deficiencias del Estado en la protección de las garantías y derechos individuales, pero no le corresponde emprenderla contra los invasores toda vez que si ellos cometen un delito los llamados a iniciar proceso en su contra son los fiscales.
Con igual peregrino criterio señala que el Procurador no condenó a la AEU por tomar las instalaciones de la Universidad de San Carlos y, otra vez, desconoce que en los casos en que hay la posible comisión de algún ilícito no es tema que el Magistrado de Conciencia deba atender. Si las autoridades universitarias estiman que procede la acusación penal, tienen que acudir al Ministerio Público y no al PDH para lograrlo.
El colmo es que hasta se quiere destituir al Procurador porque “no hace nada en el tema de la desnutrición”. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha emitido resoluciones a lo largo de muchos años sobre ese tema, demandando a las autoridades que atiendan la necesidad de alimentación de nuestros niños, pero no le compete hacerse cargo del combate a la desnutrición.
Cuando hay tanta ignorancia demostrada plenamente, además de mala fe, no se puede esperar en que haya un debate sereno y sensato sobre el papel del abogado Jordán Rodas.
