Dentro del ejercicio de las funciones establecidas en el acuerdo que dio vida a la CICIG estaba la de recomendar al Estado reformas jurídicas e institucionales y entendiendo que una de las situaciones más críticas en el tema de la impunidad ha sido la forma en que aparatos clandestinos han cooptado las Comisiones de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, en conjunto con los tres Organismos del Estado, el Ministerio Público y diversos grupos de la sociedad, se propuso la reforma constitucional al Sector Justicia para acabar con el control que grupos paralelos llegaron a desarrollar.
Los presidentes de los tres poderes promovieron esa reforma que, sin embargo, al poco tiempo fue quedando huérfana porque los grupos paralelos hicieron su trabajo para restar apoyos de manera que el sistema no sufriera contratiempos. Todos los beneficiarios de una o de otra manera del régimen de impunidad, terminaron por zafar la varita a una iniciativa de reforma constitucional que inicialmente fue sólidamente apoyada por grupos de tan amplio espectro que iban desde las más rancias élites hasta las organizaciones indígenas y campesinas del país.
El tema del derecho indígena fue el principal caballito de batalla para deslegitimar la propuesta de reforma constitucional y de nada valió que, en un gesto de madurez cívica y política sin precedentes, los mismos grupos indígenas pidieran que ese tema fuera excluido del contenido de la reforma por considerar que la importancia del cambio en el sistema era mucho más importante que una añeja reivindicación de derechos ancestrales.
Para entonces ya se había entendido la dimensión de la reforma y no hubo manera alguna de volver a los acuerdos iniciales. Al entender que el cambio significaba fortalecimiento de una verdadera justicia, sin intromisiones ni privilegios que pudieran asegurar impunidad, las fuerzas se unieron graníticamente para rechazar la reforma y preservar el modelo existente que ha dado a los operadores paralelos el enorme poder de reservarse el derecho de postular.
Y ahora, en este proceso de nueva elección de las Cortes, les ha llegado el tiempo de la cosecha tras la ardua siembra que debieron hacer cuando pareció que la reforma constitucional al Sector Justicia terminaría siendo aprobada en el marco de aquel amplio pero efímero consenso.
Eliminada del panorama la CICIG y con un Ministerio Público devuelto a su tradicional carril, las Comisiones de Postulación vuelven a ser dominadas por los mismos de siempre, los operadores paralelos con tentáculos no sólo en Nicaragua sino en el Zavala y con el tristemente célebre Pacto de Corruptos, se aprestan a integrar las listas de candidatos aceptables para ellos y convenientes para los que mantienen las ansias de impunidad.
La sociedad sabe lo que está ocurriendo y unos callan por conveniencia y otros porque no encuentran forma de atajar lo que parece inevitable, es decir, el triunfo de la impunidad eterna en este país.
Guatemala ha sido siempre un país de aires con remolino y nunca como ahora ha estado tanto en juego como para que amerite una de esas esporádicas reacciones.
