David Barrientos
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El asesinato de los integrantes del Ejército de Guatemala la semana pasada, pone al descubierto una realidad que impera en gran parte del territorio nacional, donde peligrosamente se conjugan una serie de elementos: pobreza, ausencia deliberada o no del Estado, comunidades vulnerables, unas fuerzas de seguridad debilitadas operacionalmente, un crimen organizado que aprovecha estas circunstancias, entre otras; lo que se convierte en bombas de tiempo que deberían preocuparnos a todos los guatemaltecos.
La existencia de territorios donde el Ministerio Público, el Ejército y la Policía no puedan ingresar, propicia sucesos inimaginables, lo peor, alimentado o en complicidad de organismos, activistas de trasnochadas corrientes ideológicas anti Estado y líderes perniciosos que pretenden debilitar la presencia gubernamental para sustituirla y ostentarla, iniciada con la sospechosa desactivación de unidades del Ejército hace doce años, sin que nadie remplazara a las mismas, dejando sin presencia de autoridad espacios estratégicos hoy bajo control criminal, lo cual se inscribe y agrava la falta de atención y procura del desarrollo económico, atención a la educación y a la salud, principalmente.
Particularmente en el lamentable hecho violento recién pasado en Semuy II, hay un aspecto que debe conocerse: la convicción de los jóvenes militares guatemaltecos de no reprimir a la población, aspecto que se puso de manifiesto en el incidente, al conocerse que el alférez al mando de la unidad, instruyó a sus subordinados “no disparar contra la población” pese a la innegable tensión del momento, llegando al punto de entregar las armas; imagínense, si los militares accionan sus fusiles automáticos Galil calibre 5.56 milímetros, estaríamos lamentando la muerte de posiblemente cientos de personas, y las organizaciones afines y cómplices de la ingobernabilidad estarían exigiendo la inmediata detención y persecución de los implicados, lo que no se ha escuchado en contra de los ahora responsables; tampoco hay pronunciamientos de organizaciones campesinas por el asesinato de los campesinos uniformados, lo que muestra que dichas organizaciones tienen otros fines. Este triple asesinato debe hacernos concluir que los militares asesinados se sacrificaron en beneficio de la vida de esa población, aspecto aprovechado por los criminales al servicio de saber quién o para qué fines y bajo la dirección de un criminal a perpetrar el triple crimen. Por lo anterior insisto, los militares guatemaltecos que en su profesionalización, entrenamiento y capacitación mantienen como eje transversal “proteger a la población”, es una realidad, en este caso con catastróficos resultados para tres familias y para Guatemala que se ve cada vez más debilitada y bajo el control de estructuras del crimen organizado, alentando las actividades de contrabando, cultivos ilícitos, narcotráfico, trata de personas y conexos, a través de comunidades que se ven a fuego cruzado entre la pobreza y el crimen, contribuyendo cada día más con el desorden público y la perturbación de la paz.
Los militares deben conjugar: su firme accionar operacional, con el respeto y apoyo a la población en general, como se ha demostrado con el sacrificio de los últimos tres héroes, que ofrendaron su vida antes que disparar contra niños, mujeres y ancianos.
