Fernando Mollinedo C.
Guatemala, ha gozado de 198 años de independencia, desde entonces a la presente fecha aún está pendiente de encontrar el rumbo que permita a su población vivir en paz, con suficientes fuentes de trabajo, concordia entre el sector campesino y los terratenientes, respeto hacia las autoridades y también evitar el abuso de poder por parte de los empleados y funcionarios gubernamentales.
A través de nuestra Historia ¿Qué hemos aprendido social y políticamente en estos tantos años de independencia? ¿Cuántos equipos de gobierno han cumplido con su cometido? ¿Cuántas promesas de campaña electoral han sido cumplidas? ¿Para quién o quiénes han trabajado y beneficiado los gobernantes de ayer y hoy?
Somos un país que enfrenta problemas estructurales inmensos en casi todos los rubros vitales para la sobrevivencia: seguridad, economía, recaudación fiscal, Estado de derecho, problemas inmensos de corrupción, impunidad, desconfianza entre población y gobierno y un terrible abismo entre las necesidades y anhelos de la gente y las respuestas institucionales posibles de quienes están a punto de dejar el poder y quienes están a punto de asumirlo.
El nuevo equipo de gobierno resultó electo por un esfuerzo de la población para evitar el autoritarismo que supuestamente se vislumbraba en su contendiente; y no parece, por ahora, haber un derrotero más claro que el otorgamiento de un mandato inequívoco a los nuevos gobernantes para erradicar todas aquellas formas que contravinieron los objetivos sociales como principio elemental de servicio a la población.
Ese triunfo que ha sido una buena noticia en los momentos críticos que vivimos, también puede ser la puerta de entrada al más profundo de nuestros miedos sociales: pues luego de intentar –en vano– combatir el autoritarismo y de haberlo hecho por la vía democrática, la descomposición social nos termine llevando de regreso a ella.
Ser mandatario significa haber recibido un poder y una instrucción por parte de los mandantes (los ciudadanos) para cumplir fines específicos, pero no para hacer lo que se le venga en gana y en secretividad. El problema es que la holgura del triunfo puede hacer sentir al mandatario que puede hacer lo que quiera y que no tiene más obligación que sus antecesores, pero debe cumplir con las metas para las que fue electo.
Esa misma circunstancia deberá asumir el Poder Legislativo, en un escenario ideal ellos podrán combatir cualquier viso de excesos o autoritarismo, robustecer la división y procurar un mejor equilibrio entre los poderes del Estado (organismos Legislativo, Judicial y Ejecutivo) y no ser más que un instrumento para la continuación del despilfarro del erario. No hacerlo o hacer lo contrario, significará seguir alimentando la impunidad que en gran medida acelera el proceso de descomposición y desencanto que llevó a la población a protestar unánimemente en el 2015.
Se espera del nuevo equipo legislativo un intento más para ver si con esa conducta vertical, honesta y correcta es aún posible rescatar al país del marasmo en que se encuentra.
