Por: Adrián Zapata
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La CICIG finalizará en pocos días. Habrá que hacer un análisis objetivo y balanceado sobre esta Comisión, y aunque pareciera que actualmente no hay condiciones para ello, hay que iniciarlo.
El Seminario que se realiza actualmente titulado “El combate a la corrupción e impunidad en Guatemala. Juntos lo hicimos”, donde se presentó el informe de cierre de la CICIG, es una clara evidencia de esta polarización. En él se recordaron los logros obtenidos durante los doce años de su existencia. Particular importancia tiene la identificación de más de setenta estructuras criminales de alta complejidad y 120 casos de alto impacto que fueron judicializados, así como la petición de aproximadamente cien solicitudes de antejuicio. Pero también hay que considerar que el acto fue interrumpido por agresivos manifestantes quienes vehementemente condenaban su desempeño.
La constitución de esa Comisión internacional fue un acto de soberanía nacional, pues fue solicitada por los mismos guatemaltecos. Su origen está relacionado con la finalización de la contrainsurgencia y el logro de la paz. Se pensaba, con acertado criterio, que las estructuras creadas durante la guerra para combatir a la insurgencia, las cuales actuaron fuera de la legalidad, sobrevivirían en la nueva etapa, siempre con objetivos criminales, pero vinculados al enriquecimiento corrupto de quienes integraron dichas redes. Se trataba, por lo tanto, de desarticular esas estructuras criminales y para ello el propósito fue erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad incrustados en el Estado.
Fue con don Iván Velásquez que la CICIG realmente trabajó para cumplir sus objetivos, pero debe también considerarse que hubo excesos y arrogancias que fueron innecesarios y que la candidatura presidencial de doña Thelma Aldana, con todo el derecho que le asistía para hacerlo y los méritos personales que la caracterizan, no abonó en favor de la legitimidad de la Comisión. Más bien sirvió para darle credibilidad a la manipulación que hicieron sectores interesados en hacer aparecer el accionar de la CICIG como ideológicamente sesgado.
Es importante tener presente que el poder imperial apoyó el trabajo de la CICIG, porque claramente veía que Guatemala cooptada por el crimen organizado no era funcional a sus intereses de “seguridad nacional”. Este apoyo oportunistamente disminuyó cuando la administración Trump priorizó intereses coyunturales que a él personalmente le convenían.
Pero lo que procede es analizar si este experimento internacional, porque eso fue, construido con nuestra anuencia, realmente cumplió con sus objetivos estratégicos. Si las estructuras criminales se desarticularon o simplemente fueron golpeadas pero rápidamente dieron muestras de su capacidad de recomposición.
El manejo político que hicieron los perjudicados por la CICIG, incluyendo al Ejecutivo, fue exitoso. No se consolidó un proceso sostenible de lucha contra la corrupción y la impunidad.
La sociedad guatemalteca sale de este episodio que termina con el final de la CICIG aún más polarizada y con la frustración de ver cómo los logros se revierten. Pero la lucha contra la corrupción y la impunidad debe continuar y, sin prejuicios ideológicos, debe unir voluntades en ello. No es cuestión de izquierdas y derechas, lo cual es propio de otros contenidos programáticos. Es la viabilidad del país lo que está en juego.
