Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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En ninguna de las funciones o facultades que la Constitución le asigna al Presidente de la República figura la idea de que pueda disponer del país a su sabor y antojo como parte del mandato obtenido en las urnas y cuando dice que es el responsable de la conducción de la política exterior es en función de los intereses del país y de sus habitantes, no de los bastardos intereses que un Presidente pueda tener para negociar impunidad a su favor. El concepto de República se fundamenta en el interés común, la justicia y la igualdad y jamás en el autoritarismo o la actuación despótica de alguien que pueda suponerse con el derecho de hacer negociaciones oscuras, a espaldas de la población, que puedan resultar en compromisos capaces de causar destrucción y perjuicios irreparables.

Trump propuso a México, bajo la amenaza de los aranceles, convertirlo en Tercer País Seguro y López Obrador no lo aceptó, disponiendo en cambio blindar la frontera con Guatemala para contener las caravanas de migrantes. Ante esa situación Jimmy Morales y su gente vieron la oportunidad de quedar bien planteando al errático Presidente de Estados Unidos la peregrina idea de que Guatemala podría ser ese Tercer País Seguro y fue en junio que aquí, en La Hora, denunciamos el juego advirtiendo los gravísimos efectos que esa propuesta abyecta tendría para Guatemala al convertirlo en un enorme campo de concentración.

Con el mismo secretismo y mentiras que usaron para la compra de los aviones argentinos han actuado en las negociaciones con Estados Unidos y precisamente por ese proceder turbio es que hizo falta que se presentaran amparos ante la Corte de Constitucionalidad que, finalmente, respondió que todo acuerdo que implicara obligaciones para el país tenía que ser aprobado por el Congreso de la República antes de su ratificación. En otras palabras, no podía cobrar vida jurídica sin la aprobación del Congreso de acuerdo con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

Pero como ya habían vendido el cuero antes de matar el venado, lo expresado por la CC les desbarató el juego y por ello la abrupta cancelación que dispuso Trump de la reunión en Washington y el ataque que hizo a las autoridades guatemaltecas por haberse hecho atrás. Pero las mentes perversas se mueven ágilmente y decidieron venderle al mismo Trump la tesis de que si nos amenazaba con aranceles e impuestos a las remesas, aquí todos se iban a parar sometiendo. Al fin y al cabo hay mucha gente que sostiene que a lo que diga Estados Unidos no nos podemos oponer NUNCA y que debemos bailar a tubo el son que nos toquen.

Y le dieron más fuerza a la alianza con el empresariado, de manera que todos los que creen que pueden disponer de Guatemala a su sabor y antojo se pudieran unir para atacar a la Corte de Constitucionalidad con sandeces provenientes de gente que no entiende ni sabe cuál es la función de ese tribunal y que creen que debe ser un promotor de negocios e inversiones en vez de ser control y garante del Estado de Derecho.

Los ciudadanos tenemos el deber y obligación de evitar el atropello a la patria promovido por Morales y su gente.

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