Ayer fue absuelto de la sindicación en el Caso Vivienda Digna el exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano porque el tribunal a cargo de dictar sentencia estimó que no hubo suficientes pruebas, que no se abusó de la autoridad ni se demostró ningún delito. Esta sentencia nos parece paradigmática porque viene a marcar el rumbo de lo que ocurrirá con todos los casos de corrupción que fueron investigados conjuntamente por la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público para destapar la cloaca de la corrupción que existe en Guatemala.
En efecto, de manera silenciosa hemos visto desfilar de la prisión preventiva a sus casas a decenas de sindicados por distintos casos porque se evidencia que ante la ausencia física de la CICIG y la complacencia del actual Ministerio Público, los casos se van debilitando a la hora de que toca presentar los alegatos de la acusación en los tribunales. Pero no es simplemente que con ese desfile de las cárceles, sino también con casos como el de Medrano como se está demostrando que el fin de la lucha contra la impunidad está más cerca de lo que nadie hubiera pensado.
La ruta Medrano será la que marque el futuro de abundantes sindicados por corrupción que saldrán libres tras ser absueltos porque los tribunales dirán que “no hubo suficientes pruebas”. Desde luego que si se debilita la acusación y deja de aportar los elementos probatorios, los jueces de la impunidad la tendrán mucho más fácil para emitir ese tipo de sentencias absolutorias que, advertimos, se irán repitiendo con frecuencia cada vez más asombrosa en los próximos días y que, a partir de agosto, cuando termine el mandato de CICIG y nadie pueda apersonarse en su nombre en ningún tribunal, serán avalancha.
No es por gusto que la estrategia de la defensa de los sindicados haya sido ganar tiempo. Podía parecer extraña maniobra estando los procesados en prisión preventiva, pero la apuesta era nombrar una Fiscal General comprometida con el Pacto y salir de la CICIG para cambiar por completo el panorama de los procesos penales iniciados. En dos meses la Comisión Internacional ya no asistirá y los fiscales dejarán de aportar las pruebas contundentes que mostraron al principio, dejando que los defensores las impugnen a sabiendas de que será su criterio el que tomarán en cuenta los juzgadores ya pactados, sea para exonerarlos en primera instancia o para hacerlo en apelación si el caso todavía permanece en manos de algunos de los escasos jueces de la dignidad en nuestro país.
