Factor Méndez Doninelli
Primero fue la advertencia del Jimmy, insinuando que las elecciones se podrían convertir en “una tragedia judicial”. ¿Qué quiso decir el mandatario? Anticipar atentados mortales contra operadores y administradores de justicia, continuar desprestigiando a jueces y fiscales decentes e independientes o eliminar a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No sabemos qué intenciones tuvo tal declaración.
Menos de veinticuatro horas después de la advertencia presidencial, irrumpe una movilización de supuestos exmilitares bloqueando carreteras y amenazando con acciones violentas para interrumpir las elecciones en caso no atiendan sus demandas, consistentes en un reclamo de Q85,000.00 para cada uno, además viviendas para un millón setecientos mil individuos, que presuntamente sirvieron en el Ejército durante el Conflicto Armado Interno. Lo curioso de estas reclamaciones, es que también se opusieron a la inscripción de Thelma Aldana, presidenciable del Movimiento Semilla y defendieron la participación de Zury Ríos, candidata del partido Visión con Valores VIVA. Es sabido, que la Corte de Constitucionalidad (CC) por diferentes causas y razones, vetó ambas candidaturas, dejando fuera de la contienda electoral estas dos opciones.
Ante las amenazas y delitos cometidos por los presuntos exmilitares preocupa el silencio y falta de acción de las autoridades, pues las advertencias y actos de los reclamantes son delitos penales calificados como terrorismo y apología de la violencia, claramente tipificados y castigados. Lo preocupante es que esto suceda en la antesala de las elecciones generales, porque desestabiliza el proceso y reduce la escasa gobernabilidad existente. ¿Hasta cuándo actuará el Ministerio Público, que se limita a estar “vigilante”?
A lo anterior, se agregan actos violentos que han cobrado la vida de varios candidatos de distintas agrupaciones políticas, el más reciente, el ataque contra un funcionario del TSE, se trata de Rudy Amán Monzón Herrera, presidente de la Junta Electoral Municipal de San José Acatempa, departamento de Jutiapa. El atentado ocurrió esta semana, cuando Monzón Herrera se dirigía a cumplir con sus labores docentes en la escuela de la aldea Llano Grande de ese municipio.
Julio Solórzano, presidente del TSE condenó el asesinato por ser “un ciudadano que lo que hacía era prestar su voluntad y civismo para que las juntas electorales se conformaran para cada elección.” En el mismo sentido, se pronunciaron la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Guatemala y el Procurador de Derechos Humanos, llamando a evitar la violencia durante el proceso electoral.
En Guatemala, la escasa o nula educación cívica de la clase política, los militantes y sus simpatizantes es evidente. Resulta obvio el subdesarrollo político que caracteriza la conducta de quienes en época electoral, se dedican al activismo político que en algunos casos, se transforma en vandalismo electoral.
La mayoría de partidos carecen de escuela de cuadros, nunca educan a dirigentes, cuadros medios, militantes y simpatizantes en el arte de la política, ética, democracia, participación ciudadana, culturas de paz, de legalidad, de transparencia, realidad nacional o derechos humanos. Son debilidades que demuestran sub desarrollo de la clase política.
Otro hecho negativo, la destrucción provocada por individuos que obedecen instrucciones de otros, actúan en solitario, o son pagados para destruir la propaganda de los adversarios.
A nuestra incipiente democracia, le falta consolidar sus instituciones y renovar la clase política vasalla, corrupta, inepta e impune.
