Edgar Villanueva
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Esta semana estuve reflexionando sobre algunos fenómenos que vivimos en Guatemala frecuentemente y que han dejado de alarmarnos por su frecuencia, pero que considero que deberían de seguir quitándonos el sueño. El bloqueo de carreteras y el robo de energía eléctrica en el país siguen siendo el pan de cada día para los guatemaltecos y para empresas que ven afectados servicios básicos a causa de un pequeño grupo de revoltosos.
Estando fuera del país, le contaba la historia a un amigo estadounidense y le preguntaba, ¿qué haría la policía, si alguien bloqueara la autopista 359 con palos, llantas y tablas con clavos? Su respuesta, la cual no puedo traducir literalmente por respeto al lector, se puede resumir en: “sería removido rápidamente por la policía usando la fuerza que fuere necesaria, es en contra de la ley bloquear una carretera.” Pero lo más curioso fue su siguiente frase: “¿y en Guatemala, por qué no los quitan de la carretera?” Mi respuesta se extendió en una mezcla de remembranza histórica de la represión existente en algunos períodos de las historia, los antecedentes trágicos que hubo en el pasado por falta de protocolos y una serie de elucubraciones sobre el caso, en parte justificando la inactividad policial y en parte contextualizando o tratando de encontrar razón de ser al bloqueo. Su respuesta fue un contundente, “pero, ¿acaso no es ilegal?” (but, isn’t it ilegal?).
Sí, sí es ilegal, y sí, la policía debería de usar protocolos y la fuerza si fuera necesario para remover a aquellas personas que bloquean carreteras, porque es ilegal. No tiene que ver con el fondo de las protestas, algunas muy loables y necesarias, sino con el hecho que no podemos pedir derechos violando los derechos de otros.
El mismo caso es con el robo de energía eléctrica donde sigue habiendo total inactividad para perseguir a los actores plenamente identificados que se dedican a esta actividad. Existen más de 2 mil 500 denuncias y ninguna captura. También el fin de estos “robin hoodescos” personajes puede ser admirable (yo, no lo creo), pero simple y sencillamente su forma de ejecutar el deseo de electricidad a menor precio es ilegal. Y nuevamente, no podemos justificar el deseo de acceso a servicios de mayor calidad y menor precio, violando los derechos de otros.
Lo trágico de ambas manifestaciones de inconformidad es que son contrarias al fin mismo que supuestamente buscan, el desarrollo de las comunidades que supuestamente representan. Si energía y sin intercambio comercial, las comunidades más pobres, seguirán siendo pobres y quedarán fuera del pequeño tren de desarrollo nacional. La distorsión causada por la venta de energía eléctrica fuera de los precios de mercado también distorsiona los planes de los emprendimientos comerciales locales, basándolos en cifras falsas que harán fracasar los mismos, frustrando a los comerciantes y a su entorno.
No podemos combatir pobreza a través del crimen. Unamos fuerzas a través de discusiones basadas en ciencia y potenciemos las capacidades de desarrollo en el interior.
