Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Aplicar la ley mediante la intervención de los tribunales debiera ser la aspiración general en cualquier sociedad civilizada y por lo tanto la judicialización de cualquier ámbito de la actividad humana no tendría nada despreciable si realmente se buscara ese objetivo de garantizar la correcta administración de justicia. Lo que en Guatemala se ha dado en calificar como la judicialización de la política es realmente una perversión que pretende utilizar un sistema diseñado para garantizar impunidad para lograr otros fines que nada tienen que ver con el imperio de la ley.
Es tan grave el problema de nuestro sector justicia que hace dos años hasta el mismo presidente Morales convocó a los presidentes de los otros organismos del Estado para impulsar la reforma constitucional que permitiera combatir conocidos vicios que tienen mucho que ver con la forma en que se integran las Cortes en el país. Fue socializado el proyecto de reforma y se llegó al punto en el que las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, en un acto de suprema madurez, pidieron retirar la equiparación que se pretendía hacer del derecho indígena con el sistema nacional a efecto de que ese pretexto no frenara la reforma constitucional. De nada valió ese gesto porque ya los grupos de poder habían entendido que una reforma así significaba acabar con el control que permite el funcionamiento del sistema de impunidad.
Hoy vemos que la misma campaña electoral está siendo afectada por esa forma de perversión que se traduce en el manoseo de los procesos no sólo a la hora de dictar algunas resoluciones, sino en la forma maliciosa como se retardan las decisiones aunque sólo sea retrasando la notificación por la falta de uno o más votos razonados de quienes quieren entrampar los procedimientos.
Si nuestros juzgadores fueran realmente éticos y coherentes empezarían por aplicar la ley siempre con el mismo rasero y no con esas diferencias que evidencian que la balanza de la justicia no es pareja y que se mueve de acuerdo al gusto de juzgadores que se prestan a la maniobra y manipulación.
El problema se agrava cuando existe una componenda tan grande como la que, por ejemplo, permitió retrasar una acusación como la que se formuló en el caso de Sandra Torres justo hasta el momento preciso en el que ya tenía inmunidad y había certeza de que la Corte Suprema de Justicia rechazaría el antejuicio. O cuando se pone a trabajar a la carrera durante un fin de semana a un Fiscal para que sobre la marcha presente un caso contra Aldana en el que de entrada se pide su captura para impedir que llegue a gozar de inmunidad.
Eso no es judicializar la política sino es la perversión de la acción judicial con fines estrictamente politiqueros. Nada de malo tendría que se exija la rendición de cuentas y el establecimiento de responsabilidades penales si las acciones no estuvieran tan burdamente manipuladas y con la evidente intención de causar beneficio o perjuicio a cualquiera de los políticos sindicados.
