Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Senadores y congresistas de Estados Unidos presentaron ayer una iniciativa de ley que han denominado “Guatemala Rule of Law Accountability Act” que pretende que aquellos que por la corrupción violenten el Estado de Derecho en nuestro país tengan que rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos, proponiendo castigo para los implicados, que pueden ser funcionarios, exfuncionarios y particulares que a sabiendas trabajen en complicidad con ellos para cometer actos de corrupción o para obstruir la justicia impidiendo el trabajo de entidades apoyadas por Estados Unidos, señalando expresamente el caso de CICIG, y/o desobedezcan las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
Evidentemente esos representantes y senadores tienen la película completa de lo que ha venido ocurriendo en Guatemala en los últimos años, y por ello una iniciativa en la que detalladamente se plantean casos concretos que forman parte de la lucha que mantiene el Pacto de Corruptos, compuesto por políticos y particulares que también se sienten amenazados, para desmontar de una vez por todas los esfuerzos que arrancaron en el 2015 para combatir la corrupción.
Esa iniciativa provocará, sin duda, un intenso cabildeo en Washington para tratar de impedir que se convierta en ley la propuesta, pero de acuerdo con las leyes norteamericanas quienes hagan ese cabildeo deben estar registrados y por lo tanto será relativamente fácil para los ponentes establecer quiénes son los que tratarán de torpedear el proyecto de ley, lo que abonará aún más para identificar a los que están resistiéndose a rendir cuentas sobre el irrespeto al Estado de Derecho.
Porque aquí sí que ha existido una colusión (esa “collusion” que Trump niega vehementemente) para afianzar la impunidad y evitar el castigo a los que han participado en el juego de la corrupción y de la cooptación del Estado. La colusión es, precisamente, cualquier pacto ilícito y es precisamente lo que ha existido tanto para pervertir los fines del Estado como para evitar el castigo mediante reformas que han despenalizado crímenes, entre ellos el de la cooptación por la vía del financiamiento electoral.
Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se las han pasados todos por el arco del triunfo, pero por fortuna ha quedado constancia expresa en comunicados de prensa, de cómo es que hay poderosas e influyentes entidades particulares que han dado pleno y completo respaldo a las decisiones del presidente Morales en contra del Estado de Derecho, aplaudiendo su desafío al orden legal.
Es triste y penoso que quienes tanto han hablado de soberanía sean los que causan la necesidad de que los correctivos a nuestra penosa y podrida situación tengan que debatirse en el extranjero porque aquí todos los poderes se encuentran manchados por la cooptación que, en el fondo, es la principal causante de la rampante impunidad que ha existido y que se quiso desmontar con los esfuerzos de la Comisión Internacional que vino a darnos una importante ayuda en contra de ese flagelo. Y si algo pone a “cantar” a muchos es que no sólo les vuelen la visa sino que, además, les apliquen la ley Magnitsky.
