Las reformas a la legislación electoral han creado al menos dos grandes enredos legales en materia de publicidad electoral y de regulación del transfuguismo. El primer caso se encuentra pendiente de ser resuelto por la Corte de Constitucionalidad debido a acciones planteadas por medios de comunicación que se oponen a la forma en que fue regulada la materia, y el segundo sin duda terminará también en la CC luego que los partidos políticos se han opuesto a la visión que la autoridad electoral tiene respecto a la participación de los tránsfugas en este proceso electoral.

Los dos asuntos son importantes y tienen incidencia en la elección que deberá hacer el ciudadano. El primero porque en una campaña tan corta y con tanta ausencia de exposición de los candidatos por el temor a la campaña anticipada, la propaganda jugará un papel de gran importancia, tanto si hay como si no llega a haber, y se puede decir que de lo que se resuelva dependerá el futuro de algunas candidaturas de personas de escasa exposición pública porque no será fácil llevar siquiera su imagen a los electores si persiste la gran discrepancia entre los medios y el Tribunal Supremo Electoral sobre esta materia.

Creemos que la legislación puede estar inspirada en propiciar algo sano, la equitativa participación de los partidos y sus candidatos en los medios de comunicación, pero se pasó por alto la parte de negocio que tienen esos medios y por lo tanto se crearon condiciones que no fueron aceptables para ellos y provocaron la impugnación. Tampoco se consideró la importancia de las redes sociales y su impacto en procesos electorales, lo que demuestra el pobre criterio que privó al legislar.

El otro tema se produce por la interpretación que hace la autoridad electoral del transfuguismo y porque han sido inscritos como candidatos varios políticos que migraron de un partido a otro u otros. Mientras tengamos ese remedo de partidos políticos como canal para la participación política, seguramente que seguiremos viendo transfuguismo porque las afiliaciones no son por identidad con valores ideológicos o de principios, sino simplemente por el interés económico que impulsa a muchos de los que participan.

El espíritu de la reforma era castigar a los que se mudan de partido político, pero eso no está ocurriendo y, como siempre, el tránsfuga encuentra cabida en otras agrupaciones en ese tipo de acuerdos de conveniencia mutua y por lo tanto hay una burla esencial al propósito de la legislación, lo que ha provocado reacciones de algunos partidos que se aprestan a impugnar tal interpretación.

Redacción La Hora

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