Wálter Juárez Estrada
Un rompecabezas de interpretación si la Corte de Constitucionalidad se ha ajustado a la norma constitucional, si es un cuarto poder, superior a lo que indica la Carta Magna que indica que, la soberanía radica en el pueblo quien delega para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, más no en el ente constitucional, cuyos autos y fallos han motivado cuestionamientos en uno y otro sector, por lo que su interpretación debe ceñirse a lo que taxativamente dice la ley matriz, quedando en letra muerta, hasta hoy, si la Comisión Pesquisidora que conoce del antejuicio contra tres magistrados, debe continuar el análisis para despojarlos de su inmunidad.
Conocedores en materia constitucional arguyen que un fallo de la CC causa cuarta jurisprudencia y por lo tanto el antejuicio contra los magistrados Bonerge Amílcar Mejía, Gloria Porras Escobar y José Francisco De Mata Vela, debe ser desestimado por el Congreso, luego del análisis de la Comisión Pesquisidora, si éstos desobedecen el amparo que la CC con magistrados suplentes, un magistrado titular, y uno de los imputados De Mata, decide romper ese intríngulis jurídico. Se tiene el antecedente de los ex magistrados Mynor Pinto y Guillermo Ruiz Wong.
El caso de los magistrados cuestionados se promovió por la Asociación de Constituyentes, luego que éstos con criterios divididos resolvieron dejar sin efecto la declaración de no grato y la expulsión del embajador sueco, Anders Kompass, quien dijo que “todos los guatemaltecos eran… corruptos”… La Corte Suprema de Justicia le dio curso al antejuicio, trasladándolo al Organismo Legislativo, que mediante sorteo, designó la Comisión Pesquisidora, que está contra las cuerdas, si continúa contra la pesquisa o la mantiene en suspenso por el amparo que dictó la misma CC con uno de los magistrados sindicados, De Mata, que no puede ser juez y parte, sería un flagrante prevaricato.
Mejía, Porras y De Mata Vela son imputados de varios delitos, por dejar sin efecto la expulsión del relacionado diplomático. La opinión de la población está dividida. Los proclives al Ejecutivo, sector privado, que tienen encausados por corrupción a políticos y a más de mil incriminados, acusados de varios ilícitos en su función de jueces a los magistrados, más otros que son la mayoría, apoyan la decisión de los referidos, dicen que han actuado con apego a derecho, por lo que es incierto el curso que se le va a dar al juicio político contra los sindicados, si son despojados de su inmunidad.
Guatemala, en los actuales momentos, en curso un proceso electoral, para renovar a dos organismos del Estado, las 340 corporaciones, pone en grave riesgo qué puede suceder con ese espinudo proceso, si los diputados desacatan el amparo, o bien le dan curso a la denuncia si despojan de su inmunidad a Mejía, Porras y De Mata Vela, cuando se está en la antesala de renovar en su totalidad a los magistrados de la CSJ, salas de apelaciones y la elección del próximo Contralor de Cuentas de la Nación. Lo importante es que se respete el Estado de Derecho, que la Constitución política del país es la ley matriz, que no debe ser violentada.
