No hay quien pueda decir que la Certeza Jurídica es irrelevante en prácticamente todos los sentidos de la vida en sociedad, puesto que en toda clase de relaciones se necesita como marco de referencia para tener seguridad y confianza. Llamada también Seguridad Jurídica, demanda no sólo la existencia de reglas claras sino la garantía de que serán cumplidas y que los órganos jurisdiccionales las harán respetar.
Y el clima de negocios necesita de la existencia de una plena certeza jurídica que se sustente en la solidez de las instituciones que administran la justicia. Por ello es que resulta tan importante el respeto a la institucionalidad del país y tan incongruente que los mismos que todo el tiempo hablan de la necesidad de certeza jurídica, sean los primeros que elogian al Presidente cuando ignora y se burla de resoluciones judiciales a las que él se atreve, junto a sus aliados, a cuestionar calificándolas de órdenes ilegales.
La corrupción es enemigo mortal de la certeza jurídica porque crea condiciones para que en vez del imperio de la ley y la soberanía del derecho impere el poder del dinero para comprar decisiones y resoluciones a su favor. La impunidad existente es un atentado contra la certeza jurídica y por ello llama la atención que los mismos que demandan esa seguridad sean los primeros en apoyar el esfuerzo para revertir los avances en contra de la impunidad.
En Guatemala la certeza jurídica que siempre existió es que la ley no está hecha para aplicarla a todos sino solamente a los que no tienen ni dinero, ni poder o influencias que traficar. Y esa es la certeza que ahora demandan, pues las acciones de CICIG a partir de 2015 trastocaron ese orden ancestralmente garantizado de que, salvo rarísimas excepciones, hay estratos intocables fuera del radar de la justicia, sin que importe qué hagan o dejen de hacer.
Pero la verdadera certeza es diferente y exige la aplicación universal de las normas, sin excepciones, y el acatamiento de las resoluciones judiciales, situaciones que en las que estamos retrocediendo no sólo rápidamente sino también en forma tan cínica como tenebrosa.
El irrespeto a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad constituye el más flagrante agravio que se pueda cometer no sólo contra el Estado de Derecho sino contra la misma certeza jurídica porque la misma desaparece en medio de la desobediencia, y más cuando es públicamente avalada por influyentes sectores de los poderes reales que, sin el menor rubor, declaran su respaldo a las decisiones presidenciales de desacato a la autoridad legal.
