Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En la comunidad internacional crece la preocupación por lo que ocurre en Guatemala, no sólo por el tema concreto de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, sino específicamente por el riesgo de que el autoritarismo que se ha mostrado se incremente y ponga en serio peligro el proceso electoral que, de no mediar manotazo alguno en contra, deberá ser convocado a finales de esta semana para que los guatemaltecos elijan a sus autoridades en el mes de junio de este año.
No se trata sólo del llamado G13 que reúne a los países que han cooperado financieramente con la CICIG, sino que diversos países y organismos internacionales que han manifestado su preocupación por lo que pueda ocurrir de cara a la preservación de la democracia, tema que, por ejemplo, ha captado la atención de la Comisión Internacional de Juristas que ha lanzado ya una alerta importante a la Organización de Estados Americanos para que implemente las acciones de la Carta Democrática en vista del serio peligro que se cierne sobre el orden democrático en nuestro país.
Y es que crecen los rumores de que el gobierno está preparando la declaración del Estado de Sitio para contener la incipiente oposición de los sectores sociales a sus medidas en contra de la lucha contra la corrupción y esa práctica anacrónica nos colocaría al mismo nivel de lo que está ocurriendo en Nicaragua con la represión de cualquier forma de manifestación opuesta a las intenciones gubernamentales. La suspensión de garantías es un resabio de nuestros gobiernos dictatoriales que no tiene justificación en el mundo actual y son poquísimos los países que tienen leyes que les permiten a las autoridades la supresión de las garantías individuales contenidas en la Carta Magna. En una democracia supuestamente el orden público puede ser preservado sin recurrir a acciones represivas y en el caso de Guatemala ni siquiera se ha dado ninguna perturbación de ese orden público porque la oposición se ha mostrado pacífica y recatada en sus protestas.
Justamente lo que ha hecho el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua ha sido usar la fuerza y la represión para aplastar cualquier atisbo de oposición y eso ha colocado al régimen como paria ante el mundo por el abuso cometido en la violación de los derechos elementales de la población.
Corremos el grave riesgo de caer en un aislamiento internacional que hará mucho daño a los guatemaltecos, no sólo a los más pobres que como siempre, serán los que paguen principalmente el pato, sino también a aquellos que patrocinan la política de Morales.
En la medida en que no logren concretar el esfuerzo por descabezar a la Corte de Constitucionalidad crece el riesgo de que se acuda a medidas represivas y de hecho para contener la protesta ciudadana que apenas se principia a manifestar. Por ello no es exagerado afirmar que Guatemala vive horas críticas de su historia porque puede darse un retroceso brutal a lo que se vivía en el siglo pasado cuando pensar era un delito y el ciudadano que lo hacía era abusivamente reprimido.
