Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Concretado el manotazo a la CICIG para terminar con la lucha contra la corrupción, vehementemente aplaudido por el CACIF, ahora las baterías se dirigen a la Corte de Constitucionalidad que ha sido el valladar que el gobierno y el pacto que le apoya ha encontrado para hacer realidad todas sus aspiraciones de volver exactamente a la situación que se vivía en el país antes de abril de 2015, cuando se destapó el primer escándalo de la corrupción.
Hay ya presentados varios amparos en contra de la decisión del gobierno y tenemos que entender que Morales ya cruzó el Rubicón y por lo tanto ya no tiene más que perder. La decisión de ponerle fin a la lucha contra la corrupción y la impunidad necesita, a fuerza, eliminar la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad pueda aplicar los correctivos legales para impedir el abuso de poder y para ello es que está en marcha la denuncia presentada contra los tres magistrados que se han mantenido en una actitud firme en contra de tales abusos.
Se vienen horas cruciales para los guatemaltecos, porque lo que está en juego es el futuro de un país que llegó a conocer a fondo hasta dónde hemos sido carcomidos por la corrupción causante de tanta pobreza y desigualdad, pero que ahora está a punto de perder todos los avances que ha habido por la transparencia. Guatemala es uno de los países del mundo con mayores niveles de pobreza y con mayor desigualdad, todo lo cual es consecuencia de la cooptación del Estado que eliminó toda posibilidad de políticas públicas para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del mismo Estado, entre ellos la promoción del bien común porque desde hace mucho tiempo funciona únicamente para beneficio de los financistas y los políticos de turno, quienes se reparten el pastel para que todo sea exclusivamente para ellos, sin soltar siquiera migajas para la población más necesitada y abandonada a la que se le regatea hasta la posibilidad de un mísero aumento en el salario mínimo.
El proceso contra los tres magistrados será agilizado a partir de ahora para que a la mayor brevedad sea trasladado al Congreso en donde se producirá la última y más perversa alianza para conseguir aquellos votos que en Septiembre del 2018 aprobaron las leyes de impunidad.
Los fallos de la Corte de Constitucionalidad no se dictan para que las partes digan si les gustan o no. El gobierno ha cuestionado la “legalidad” de los fallos al decir que no se tienen que cumplir por ilegítimos pero en nuestro ordenamiento no existe norma alguna que faculte a nadie para poner en tela de juicio lo resuelto por la CC.
Estamos en la ruta que recorrieron respectivamente Venezuela y Nicaragua y el Pacto de Corruptos se encamina a cimentar una dictadura de la corrupción que será un lastre inmenso para una población que ya se dio cuenta de por qué hay tanta pobreza y desigualdad. El manotazo a la CC se viene y con él se derrumba el Estado de Derecho y el Orden Democrático.
