Francisco Cáceres Barrios
caceresfra@gmail.com
Los historiadores todavía no se han puesto de acuerdo, por no haber encontrado pruebas fehacientes que el autor de la frase “El Estado soy yo” haya sido realmente el monarca francés Luis XIV sin embargo, sigue siendo asignada a este rey quien se destacó por no haber visto lo absurdo que era concebir que todas sus propuestas tuvieran que ser aceptadas sin ningún tipo de cuestionamientos y además, no deja de ser muy curioso que a su sucesor Luis XV, se le haya atribuido otra frase, todavía más displicente para la población francesa cuando dijo: “Después de mí el diluvio”.
Se imaginarán mis contados lectores que traigo a colación estas dos célebres frases debido a la actitud asumida por el actual mandatario guatemalteco cuando él ha venido diciendo que la población lo había elegido para gobernar y que nuestra Constitución dicta que entre sus funciones está la de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, pero lo anterior no elimina que la misma Carta Magna también determina que el poder proviene del pueblo, como que su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas en las leyes y los convenios.
Por lo antes indicado, no se puede dispensar al presidente Morales que por su falta de preparación ande tomándose atribuciones que no le corresponden, como las que repetidamente el pueblo le ha estado insistiendo de no poder prohibir el ingreso al país del doctor Iván Velásquez, de los investigadores y demás personal que le asiste para el mejor desempeño de sus funciones asignadas en un convenio suscrito y actualmente vigente, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mucho menos, ignorar, desobedecer y transgredir las resoluciones o sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad ampliamente conocidas y notificadas oportunamente con apego a la ley.
Lo hecho la noche del pasado sábado 5 de enero 2019 no puede calificarse de otra manera, como una falta grave en el desempeño de las funciones de un presidente “constitucionalmente” electo, también un abuso de poder y una total descortesía para quienes directa o indirectamente salieron afectados por la misma, como el haber provocado la orden de detener por más de tres horas la salida y el despegue de una nave aérea que partía hacia El Salvador. ¿Qué otra excusa o falsa apreciación podrá dar el presidente guatemalteco, para exculparlo a él y a sus serviles colaboradores al haber vedado el ingreso de un investigador de la CICIG al territorio nacional? ¿Podrá aducir el primer mandatario ignorancia, desconocimiento de la ley o falta de información puntual y oportuna?
La población guatemalteca jamás ha estado propicia a aceptar los actos de corrupción e impunidad de los servidores públicos, lo que ha estado a la vista de propios y extraños. Como también resulta inaceptable seguir recibiendo la displicencia con que se han venido comportando. Tocó entonces al Ministerio Público y demás autoridades constituidas, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y punto.
