Tal y como lo adelantó La Hora durante el fin de semana, ayer se concretó la decisión del gobierno al ponerle fin al acuerdo con Naciones Unidas que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la decisión fue tomada por un Presidente que ha sido objeto de señalamientos por el delito de financiamiento electoral ilícito, lo que explica de manera abundante la causa de la acción notificada ayer al Secretario General de Naciones Unidas, en Nueva York.
El asunto coloca al país en una seria y grave encrucijada como no se veía desde los días aciagos del Serranazo, cuando un gobernante dispuso asumir poderes absolutos. En este caso se está obviando la autoridad de la Corte de Constitucionalidad argumentando que sus fallos son ilegales, facultad que no tiene el Ejecutivo ni ninguna autoridad en el país.
La denuncia del acuerdo de creación de la CICIG es improcedente desde el punto de vista legal porque el mismo no contempla esa posibilidad y hay que atenerse a lo que dice la Convención de Viena respecto a acuerdos y tratados. De acuerdo con el artículo 56 de dicha norma del derecho internacional, que regula la denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga disposiciones sobre su terminación, la denuncia o el retiro, tal acción no podrá darse a menos: a) que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro: o b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. En todo caso, una parte deberá notificar con doce meses, por lo menos, de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él, señala dicha Convención.
El acuerdo con Naciones Unidas tiene fecha de vencimiento y no está sujeto al capricho de una de las partes. El silencio que mostró la ONU ante las exigencias de Guatemala fue resultado de lo absurdo de las peticiones porque las mismas surgían en un clarísimo conflicto de interés, pues el mismo jefe de Estado es objeto de la lucha contra la corrupción que ha dirigido la CICIG en nuestro país y, de esa cuenta, en la sede de la ONU se entendió claramente que no eran asuntos o temas de Estado los que marcaban los argumentos sino la decisión presidencial de ponerle fin a cualquier tipo de investigaciones relacionadas con la corrupción.
En última instancia corresponde a la ciudadanía rescatar su soberanía que ha sido secuestrada por un pacto entre quienes caminan para afianzar la dictadura de la corrupción.
