Oscar Clemente Marroquín
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El espurio antejuicio contra los magistrados de la CC, Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, ha sido trasladado a la Corte Suprema de Justicia cuyo pleno deberá decidir si le da trámite o simplemente lo rechaza por ser notoriamente improcedente lo que coloca a la CSJ en una posición delicada porque no sólo tendrán que definirse, sin lugar a dudas, respecto a su relación con el Pacto de Corruptos, sino que además han sido colocados en un brete porque además de estar en juego el futuro del país se juega la independencia judicial que moral y éticamente debiera ser aspecto prioritario de quienes integran el alto tribunal.
Si se permite a cualquier funcionario de gobierno tomar acciones penales contra los administradores de justicia simplemente porque no están de acuerdo con sus fallos, todo nuestro sistema judicial sufriría un menoscabo tremendo y el colapso de la institucionalidad sería de verdad patético. El Procurador General de la Nación es un asesor que no está llamado a ejercer la acción penal que le corresponde al Ministerio Público. La reforma constitucional que se realizó en Guatemala separó las funciones del Procurador General de la Nación y la del Fiscal General que anteriormente estaban unificadas y de esa cuenta es clarísimo el sentido de la Constitución en cuanto a tal división de funciones.
Pero además de no tener las facultades necesarias para accionar penalmente contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el titular de la PGN está actuando en el contexto del pacto que han hecho los corruptos en este país para acabar con el esfuerzo por castigar a los pícaros y pone en un brete a la Corte Suprema de Justicia porque si ésta decide alinearse al pacto y dar trámite a la denuncia penal, abrirá el camino para que sus mismos integrantes puedan ser perversamente antejuiciados en el mismo momento en que se produzca la derrota del Pacto de Corruptos a manos de una ciudadanía harta de ver cómo se saquea el erario y se prostituye el ejercicio del poder para que la institucionalidad sea puesta totalmente al servicio de unos pocos.
Por mucho que parezca que los corruptos están tomando la delantera, la verdad es que su destino está íntimamente ligado al del gobierno que les sirve de cobijo y todo apunta a que el desgaste se sigue acumulando y que las acciones desesperadas, como la de atentar contra la independencia de la Corte de Constitucionalidad, terminarán pasando factura porque el descaro y el cinismo tendrán el mismo efecto que tuvieron para Baldetti quien terminó por hacerse despreciable para medio mundo por sus actitudes.
Visto lo que ha ocurrido en casos como el del diputado Alejos, por ejemplo, puede suponerse que la CSJ actuará de acuerdo a los compromisos que sus integrantes asumieron para ser electos para esos altos cargos y que son realmente compromisos a favor de la impunidad controlada desde las Comisiones de Postulación, pero sin duda que estarán labrando la estaca en que ellos mismos han de ser sentados oportunamente.
