Quienes están empeñados en consolidar la Dictadura de la Corrupción lo tienen muy claro desde hace tiempo. Para lograr su objetivo de desmantelar el esfuerzo iniciado en el año 2015 es indispensable apuntar seriamente a la Corte de Constitucionalidad que se ha convertido en el valladar para sus planes y por ello la denuncia penal presentada la semana anterior en contra de los tres magistrados que de manera consistente han estado votando a favor de los amparos y resoluciones que pretenden preservar el respeto a la Ley y al Estado de Derecho.
Por supuesto que expulsar a la CICIG es su objetivo, pero ya vieron que se enfrentan a serios contratiempos por culpa de una Corte de Constitucionalidad que ejerce sus funciones como instrumento de control del poder público para evitar violaciones a la normativa Constitucional en el país. Ahora siguen con sus juegos para retrasar la ejecución de las sentencias dictadas por la CC y para ello, por ejemplo, citan a los funcionarios de la Comisión a quienes les habían revocado arbitrariamente las visas, para que se presenten a tramitarlas, hecho sin precedentes que permite suponer que hay una jugarreta atrás del “acatamiento” de la orden que dictó la Corte para que en plazo perentorio fueran otorgadas dichas visas.
La única manera de librarse de esos obstáculos constantes en la ruta a la Dictadura de la Corrupción sin cortapisa alguna es ese proceso iniciado contra toda lógica y sentido del derecho, en contra de los tres magistrados quienes, según nuestro ordenamiento legal, no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.
Sostenemos que la batalla más importante en los próximos tiempos será, sin duda, la que ya empezaron a librar para destituir a los tres magistrados que no se han alineado con el Pacto de los Corruptos por la dificultad que plantean cada vez que es sometido al conocimiento de la Corte de Constitucionalidad algún amparo o recurso en contra del “nuevo orden” que persigue restablecer el sistema de absoluta corrupción que venía funcionando hasta que la CICIG, en ese tiempo con apoyo del Ministerio Público, destapó la olla de la podredumbre que se ha adueñado de nuestro país.
Lo que sí constituye un delito y que el Ministerio Público no persigue ni denuncia, es esa acción penal en contra de los magistrados y es el Procurador General de la Nación quien debiera ser procesado, pero ya sabemos que ahora el MP sólo vigila atentamente, pero sin hacer nada ni mover un dedo para preservar el imperio de la ley.
