Adrián Zapata
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Son muchos, especialmente desde las posiciones ideológicas de derecha, quienes suelen considerar el campo y los campesinos como sinónimos de atraso. Se identifica con desarrollo la urbanización y la desaparición de ellos. Desde la izquierda histórica, su proletarización era el rumbo deseado, ya que así se podría fortalecer la clase obrera, a la que se le asignaba el papel dirigente en la lucha revolucionaria por alcanzar el socialismo.
José Mujica, recientemente, refiriéndose a la crisis política venezolana nos recordaba las perversiones de una economía rentista que produjo el abandono del campo, donde se produce la comida, y provocó el proceso de desaparición de los campesinos. Afirmó acertadamente que “Maduro no puede resolver el problema de la comida porque no se inventan agricultores”. La migración de la gente a las ciudades costeñas dejó el campo sin campesinos.
Todo lo anterior lo refiero para contraponerlo a un evento muy relevante que se produjo el pasado 17 del mes en curso, en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde se adoptó la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”. La adopción de esta declaración se produjo por 121 votos a favor, 52 abstenciones y ocho deplorables votos en contra. Guatemala estuvo entre esos ocho países que votaron de esa manera.
Este hecho político es transcendental en la legitimación de las luchas campesinas a nivel mundial. Se apoya así el acceso y control sobre la tierra, semillas campesinas, el agua y otros recursos naturales. Con mucha razón, Elizabeth Mpofu, de Zimbabwe, Coordinadora General de la Vía Campesina, declaró que “Como campesinos de todo el mundo, vamos a movilizar y nos uniremos en nuestros respectivos países para cabildear con la meta de establecer políticas y estrategias que contribuyan al reconocimiento y la aplicación de los derechos campesinos”.
En Guatemala, en el área rural aún vive cerca de la mitad de la población, siendo, sustancialmente campesina, con un altísimo porcentaje de agricultores familiares, quienes se encuentran completamente abandonados por el Estado y aunque producen aproximadamente el 70% de la alimentación que consumimos, su condición sigue siendo de pobreza y exclusión. No obstante, el gobierno de Jimmy Morales votó en contra de la declaración referida. No sabemos las razones que lo llevaron a tan desafortunada posición, afortunadamente minoritaria en la ONU, pero sin duda es una desafortunada decisión. Puede ser porque el Presidente ha declarado la guerra a dicha organización mundial, ya que su horizonte de pensamiento no rebasa su obsesión por sacar a la CICIG del país y de allí colige que se debe oponer a cualquier “intervención” de Naciones Unidas en el país. Pero puede ser también porque en su conservadurismo a ultranza y su alineamiento con las posiciones más conservadoras de los empresarios, especialmente los del agro, identifica luchas campesinas como contrarias al interés por mantener en el área rural el status quo que favorece los privilegios de esos empresarios.
Esta decisión del Ejecutivo es coherente con la oposición que ha encontrado en el Congreso de la República la aprobación de la iniciativa de ley de Agricultura Familiar, que no ha podido ser agendada para conocimiento del pleno en tercera lectura.
¡Triste coincidencia!
