Raúl Molina
Esta semana la Corte Internacional de Justicia resolvió la controversia boliviana-chilena en torno al reclamo de Bolivia de la salida al mar en la frontera con Chile. El fallo fue favorable a Chile, para alegría de los sectores más intransigentes de la sociedad chilena, dejando sin solución el problema de la mediterraneidad de Bolivia. La sentencia fue de carácter jurídico, ignorando la historia de las relaciones entre los dos países. El hecho histórico es que Bolivia poseía salida al Océano Pacífico, antes de la llamada “Guerra del Pacífico” que enfrentó a los chilenos contra peruanos y bolivianos. La guerra fue provocada por siete empresas transnacionales que querían quedarse con el salitre producido en la zona del conflicto y que hicieron pactos con el gobierno chileno de entonces. Al firmarse la paz, por derrota de peruanos y bolivianos, estos fueron obligados a entregar parte de sus territorios a Chile, perdiéndose el salitre y la salida al mar. La Corte puso atención, no a las razones históricas del reclamo sino que al pacto de paz firmado bajo los cañones. Varios analistas señalan que la Corte no quiso cuestionar la anexión de territorios por la vía de las armas, porque hay otros casos tan flagrantes como ese, como el de Estados Unidos que se anexó más de la mitad del territorio mexicano, como resultado de la guerra entre los dos países en 1846. Aunque el fallo fue favorable a Chile, la Corte ha recomendado que ambos países negocien de buena fe una solución política para dar salida al mar a Bolivia. Se estima que la gestión del caso costó a Chile USD24.0 millones y, posiblemente, otro tanto a Bolivia. Todo para volver a la situación previa a la sentencia.
Igual o peor le irá a Guatemala en su controversia con Belice, que gracias al referendo realizado por el Minex y el TSE se aprobó que sea trasladada a La Haya. Se ha percibido que el dinero empezó a perderse con el referendo, ya que, independientemente de lo que decida la Corte, al final de un largo y costoso proceso, la Constitución exige que se someta dicha decisión a un nuevo referendo. La danza de los millones de ambas partes servirá para la contratación de “expertos” en derecho internacional y las campañas de cabildeo y mediáticas. Debido al aislamiento internacional de Guatemala, particularmente con la inclinación y genuflexión del gobierno de Morales ante Trump e Israel, así como el hecho de que el Estado de Guatemala cuestiona con su reclamo el principio de libre determinación del pueblo beliceño, la sentencia más probable será dar a Belice todo el territorio sobre el cual ha venido ejerciendo soberanía y delimitar con exactitud la frontera, probablemente con la recomendación de que esto se haga de buena fe entre las dos partes. Es decir, lo que se podría hacer ahora, sin “expertos”, cabildeos y gastos millonarios, será lo que tendrá que hacerse, de todas maneras, después de los varios años que dure el litigio. No es solamente un inmenso desperdicio de recursos, sino que será, como siempre fue el tema de Belice, un “distractor patriotero”, que sirve para izar banderas y mantener la innecesaria militarización.
