Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

post author

Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

Varios actores sociales se pronunciaron en el fin de semana sobre la importancia de establecer mecanismos de diálogo para superar la crisis que vive el país por los esfuerzos para contener la lucha contra la corrupción y, por supuesto, surgen las voces de quienes apelan a reconocidos “foros” que funcionan a favor de esos esfuerzos y que se han caracterizado por su oposición al trabajo que realiza la Comisión Internacional Contra la Impunidad. No es casualidad que quienes invoquen esos foros sean los que no dudaron en declarar su “respeto” por las decisiones del presidente Morales cuando decidió no sólo no pedir prórroga del mandato de la CICIG, sino cuando decidió no permitir el ingreso del Comisionado Iván Velásquez.

El propuesto diálogo tendrá que ser entre los que no quieren impunidad y los que la defienden a toda costa y los planteamientos parecen irreconciliables. Porque desafortunadamente la polarización actual se centra, finalmente, en esas posturas sobre las que será muy difícil alcanzar acuerdos de consenso porque en el tema de la impunidad y el respeto a la ley simplemente se está a favor o en contra pero no se pueden hacer planteamientos medias tintas. En los casos paradigmáticos, por lo que han contado colaboradores eficaces, es decir los de Sinibaldi y Baldetti, la cuestión es si esos niveles de corrupción y desfachatez deben ser perdonados y tolerados o simplemente castigados no sólo con la cárcel sino con el despojo de la riqueza mal habida.

La semana pasada vimos cómo, ante la decisión presidencial respecto a la CICIG, vino la reacción de los corruptos y nada más claro que la actitud de Roxana Baldetti para entender que la ofensiva es en serio y que no se andan con chiquitas. El diálogo podrá ser sobre si las instituciones guatemaltecas están ya en capacidad de acabar por sí solas con la impunidad o si aún hace falta el apoyo internacional, pero nunca sobre si se debe aplicar o no el castigo a los corruptos.

Y quienes digan que la lucha contra la corrupción es cosa de los guatemaltecos, tendrán que demostrar en la mesa de diálogo que nuestras instituciones ya superaron los vicios de la cooptación y que, por lo tanto, pueden hacer su trabajo. A ver si el Ministerio Púbico apoya al valiente Fiscal que actuó en la Plaza y garantiza el cumplimiento de las resoluciones legales, pero no hay duda que nuestro sistema de justicia continúa dando muestras de retrocesos y ya los sindicados de corrupción empiezan a irse a sus casas, beneficiados por un modelo que siempre ha sido alentador de la impunidad.

Se deberá debatir quiénes tienen razón, si los que están de acuerdo con la ayuda extranjera para combatir la impunidad o quienes se ponen de alfombra internacional para aprovechar las condiciones de corrupción global y ganar apoyos entre otros que también son señalados por corruptos y hasta obtienen fuerte ayuda para espiar ilegalmente a los guatemaltecos.

Temas de diálogo y debate hay, pero ninguno tiene que poner en cuestión el asunto de la impunidad.

Artículo anteriorForjando nuestra libertad
Artículo siguienteFallo unánime