Balde de agua fría fue para el Pacto de Corruptos que la Corte de Constitucionalidad resolviera en forma unánime otorgar el amparo provisional al abogado Alfonso Carrillo, quien solicitó revocar la decisión del gobierno de prohibir el ingreso al país del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Y es que con los antecedentes se podría suponer que la CC llegaría a decisión dividida, pero hasta la magistrada Dina Ochoa, nombrada por el Presidente de la República y consistente en sus votos a favor de Morales, estuvo a favor de la resolución que coloca al gobierno al borde del desacato.
La unanimidad del fallo elimina argumentos sobre una resolución dudosa. Ahora simplemente los que quieren repudiar lo dispuesto dicen que no se menciona el nombre de Iván Velásquez y que se habla de él o la comisionado o comisionada, pero resulta que el acuerdo de creación de CICIG dice, literalmente, “Artículo 5. Composición y estructura orgánica. 1. La CICIG estará integrada por un/a Comisionado/a, el personal especializado que sea pertinente y una Secretaría”. El fallo, entonces, se aplica a quien desempeñe el cargo, sea él o ella, pero en este momento y por decisión ratificada del Secretario General de Naciones Unidas, se trata de Iván Velásquez.
Todos sabemos que hay expertos en retorcer la ley y que los han mandado a llamar para que vengan a jugar su papel aquí en defensa del gobierno al que sirven en condiciones nepóticas. El objetivo ahora es cuestionar el fallo de la CC para aconsejarle al Presidente que no lo cumpla “por ser ilegal”, lo que nos llevará a la crisis constitucional. Los que dijeron que los opositores a Morales caían en sedición, ahora tipifican con sus actos ese delito porque hasta están llamando a que el Ejército se embarque en la negativa a acatar un fallo del máximo tribunal que no deja lugar a dudas y ordena, sin más trámite que una posible solicitud de ampliación o aclaración, que se acate sin excusas ni pretextos.
Los fallos de la Corte de Constitucionalidad, siempre se ha dicho, pueden gustar o no a parte de la población, pero su cumplimiento es absolutamente obligatorio so pena de incurrir en gravísimo desacato. La mejor muestra de la claridad y profundidad del fallo fue la forma en que reaccionaron los que se definen como enemigos de la CICIG y puntales de apoyo del gobierno. No dudaron ni un momento en despotricar pidiendo al gobernante que no acate la resolución emitida, repitiendo lo que como loro ha dicho Morales sobre las órdenes ilegales.
