Víctor Ferrigno F.
En 2015, las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG desvelaron que el de Guatemala es un Estado cooptado por el crimen organizado, aunque nunca imaginábamos cuán profunda era la pudrición. Indignada, la ciudadanía se levantó, defenestró a Pérez Molina y a la Baldetti, y descubrió que vivíamos en la más grave crisis político-institucional, desde la vuelta a la democracia formal en 1985.
Buscando salir de esa crisis, los electores optaron por la antipolítica, votando por Jimmy Morales, el más atípico candidato, quien resultó el Presidente más inepto de la historia reciente. De manera ininterrumpida y firme, ha llevado al país de la crisis al caos, en todos los órdenes de la vida nacional.
El pasado lunes se inauguró el XIV Congreso Centroamericano de Historia, con la conferencia magistral del reconocido académico uruguayo, Roberto García Ferreira, un acucioso investigador de los dos gobiernos de la Revolución de Octubre.
La disertación versó sobre “Los papeles de la contrarrevolución”, una investigación inicial sobre un acervo documental de dos liberacionistas destacados: Carlos Castillo Armas y Eduardo Taracena de la Cerda.
Documentos en mano, García Ferreira postuló una consistente hipótesis, evidenciando que la actual cooptación del Estado por fuerzas espurias inició en 1954, con la contrarrevolución, que puso el gobierno, la justicia, la política y la economía, al servicio de una oligarquía reaccionaria y racista, con la anuencia del imperio.
De lo anterior, Morales no tiene ni idea, pero bien sirve a los nietos de la contrarrevolución, quienes financiaron ilícitamente su campaña, por lo que tendrá que responder ante los Tribunales de Justicia, pues hay documentos y testimonios probatorios.
Para colmo, el aprendiz de Presidente enfrenta procesos por cobrar ilegalmente un sobresueldo, por acoso sexual a empleadas de gobierno y por campaña anticipada, según las últimas decisiones del Tribunal Supremo Electoral.
La reacción de Jimmy Morales ha sido emprenderla contra la CICIG y la Cooperación Internacional, cometiendo enormes disparates diplomáticos que han dejado a Guatemala en una situación de aislamiento.
Los servicios públicos están colapsados y desabastecidos, mientras la burocracia creció desmesuradamente, ampliándose con casi 22 mil plazas en los últimos tres años, con un costo de Q1 mil 858 millones.
En la Policía Nacional Civil y en los órganos de inteligencia estatal hay una regresión técnica y política, y estas fuerzas de seguridad espían y reprimen a los defensores de los DDHH, de los cuales 18 han sido asesinados de enero a la fecha. En el área rural, finqueros y narcoganaderos reprimen y matan, con la complacencia estatal.
La erupción del Volcán de Fuego y la sequía, dos fenómenos naturales conocidos y previstos, se convirtieron en desastres sociales por la incompetencia gubernamental para prevenir y manejar situaciones de crisis.
La economía involuciona, el 65% de los empresarios considera que el clima de negocios es adverso y casi no hay generación de empleo digno.
Los jueces probos son criminalizados y el PDH es investigado judicialmente por hacer su trabajo. El Congreso es el epicentro de esta debacle.
Todo esto ha desatado una creciente conflictividad social, pues la ciudadanía tiene que recurrir a la protesta para recibir atención estatal a sus reclamos de servicios públicos y justicia. Se ventilan más de dos mil conflictos en unas 250 áreas, según el Sistema Nacional de Diálogo, situación que se agravará con la represión y las elecciones.
Bajo la tutela de los incompetentes, los corruptos y los impunes, el país pasó de la comedia a la tragedia, y de la crisis al caos. ¿Vamos a permitir que el país se hunda? De nosotros depende.
