Emilio Matta Saravia
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En las próximas elecciones generales de 2019, tal como se ve venir el panorama, parece que estaremos condenados a tener más de lo mismo en el gobierno. Y no es un problema de personas, como se ha repetido hasta el cansancio, es un problema del sistema.
Nuestro sistema no funciona. Eso está más que comprobado. No importa quién llegue al poder, no importa de qué partido político sea y no importa si el candidato es “nuevo” o si es de la vieja política. El resultado será el mismo. Entrará a un sistema cooptado por un sinnúmero de vividores del Estado que no permitirán que se les altere su modus vivendi ni en broma. Mientras no cambiemos las reglas del juego, todo permanecerá igual. Será más de lo mismo. Cambiarán los nombres, los partidos, los colores y las cancioncitas. Pero el juego será el mismo: yo te di, ahora tú que me darás a cambio. Y en cada elección, el juego se exacerba, la codicia crece y el cinismo de los participantes es cada vez más descarado.
¿Cómo hacer que funcione? ¿Es eso posible? Yo creo que sí, que es posible cambiar este sistema corrupto y podrido, para que cuando elijamos a nuestros gobernantes, tengamos la plena garantía de que independientemente de quienes sean las personas, tendremos un sistema que funcione para beneficio de los votantes y no para beneficio de los gobernantes y sus financistas. ¿Y qué hay que cambiar? Pues hay muchas cosas que cambiar, y algunas serán dolorosas, pero es un proceso harto necesario.
En primer lugar, se debe prohibir, o por lo menos limitar, el número de reelecciones en cualquier cargo público a un máximo de dos períodos, consecutivos o no. Esta prohibición debe ser para diputados, alcaldes, síndicos, concejales, y cualquier candidato de elección popular. También se debe reformar el sistema electoral y de partidos políticos, permitiendo que los ciudadanos puedan participar sin necesidad de pertenecer a una planilla de un partido político. Además, el financiamiento de partidos políticos debe provenir del Presupuesto General de la Nación, y no de fuentes privadas. Esto debe ser así hasta que se reformen las leyes que norman el delito de financiamiento ilícito, la rendición de cuentas de los partidos políticos, las responsabilidades penales de los funcionarios de los mismos como el Secretario General, y sobre todo que los partidos tengan la obligación de publicar sus estados financieros y fuentes de financiamiento, so pena de ser cancelados si no cumplen a cabalidad con dichas obligaciones.
Se debe fortalecer a instituciones como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público para que exista un buen sistema de pesos y contrapesos que pueda fijar límites a quienes están en el poder y que a su vez se les pueda exigir una rendición de cuentas a los funcionarios públicos. El sistema debe ser diseñado para que exista lo que se conoce como “horizontal accountability”, es decir, que los funcionarios rindan cuentas a instituciones independientes de cualquier influencia de dentro y fuera del gobierno. La Ley de Contrataciones del Estado debe sufrir modificaciones también para que se transparente la forma en que el Estado adquiere bienes y servicios y se penalice a corruptores y corruptos por igual.
Y aunque es un problema de sistema, somos nosotros, las personas, quienes debemos impulsar los cambios al sistema para impedir que unos pocos se aprovechen de un sistema diseñado para el ordeño del Estado.
