Juan Antonio Mazariegos

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Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

Esta semana el matutino elPeriódico hizo público un reportaje de investigación, mediante el cual denunciaba la existencia de un tramo carretero de perfecta construcción con concreto hidráulico que conducía hacia una aldea inexistente, supuestamente ubicada en el departamento de Chimaltenango, el diario informó que el único destino cercano que podía aprovechar o justificar la existencia de la ruta en cuestión, era un inmueble que según la investigación pertenece a la diputada Delia Bac.

En posteriores declaraciones, el en ese entonces Gobernador Departamental indicó que se habían limitado a cumplir lo que el Listado Geográfico de Obras había determinado que debía construirse y el Contralor General de Cuentas informó que acudiría a verificar la existencia de la carretera, sin hacer ver si realizaría una evaluación más allá de su existencia y se adentraría a determinar la existencia de una malversación o tráfico de influencias que lo que entiendo debería de investigar.

Al final, el origen de esta denuncia es nuevamente el Listado Geográfico de Obras que no es más que la mayor injerencia que el Legislativo realiza sobre el Organismo Ejecutivo y que da lugar a cientos o miles de “dedazos” al año, distribuyendo obras a diestra y siniestra según los intereses políticos de los diputados que se recetaron esta forma de manejar el desarrollo de la infraestructura en el país.
Desconozco en qué terminará la denuncia que de oficio ha iniciado el Ministerio Público ante la revelación de los hechos, tampoco sé si el Contralor va a verificar la calidad del gasto que por supuesto en el presente caso no pasa por medir la profundidad del concreto hidráulico o si la obra existe o no y si por qué se haya mal utilizado el dinero de los contribuyentes para beneficiar a una persona particular.

Lo que sí es claro es que el Listado Geográfico de Obras no debería de existir, no responde a ningún criterio de desarrollo, únicamente a factores políticos o personales que permiten pagar favores o garantizar plusvalía para los interesados como en el caso sobre el que ahora se discute. Sin duda tenemos muchísimas falencias como gobierno y como sociedad, esas son las mismas que impulsan a nuestra gente a buscar oportunidades en EE. UU. y otros destinos, por supuesto todos nos enojamos con las políticas migratorias de Trump, pero y no será mejor enojarse con las causas y no con los efectos y darnos cuenta que en tanto los criterios de desarrollo de Guatemala se encuentren atados a las decisiones o bendiciones de los diputados y ejemplos como los del Listado Geográfico de Obras, no habrá más remedio que seguir emigrando.

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