Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Aunque la Constitución es muy clara sobre los deberes y obligaciones del Fiscal General, es obvio que los gobernantes que los nombran piensan que son “su” fiscal y que está allí para protegerlos y acatar sus órdenes e instrucciones, especialmente si se trata de un Presidente que tiene a familiares en problemas judiciales y no digamos si él mismo está señalado por la Comisión de algún hecho delictivo. Por ello es que esta elección es muy especial y peculiar pues es la primera vez en la historia del país que le toca designar al responsable de la investigación y persecución penal a un Presidente que ha sido señalado dos veces por el mismo Ministerio Público, además del proceso que se inició contra su hijo y su hermano luego de que una persona implicada en el Caso Botín del Registro de la Propiedad los mencionó en una audiencia, obligando al juzgador a ordenar que fueran investigados.
Pero en todo caso creemos que el ejemplo que ha dado la actual Fiscal General, en el sentido de entender que su compromiso no es con quien la nombró sino con la ley, debe prevalecer en el futuro, sin que importe quién sea el designado porque la presión ciudadana tiene que ser contundente para asegurar que no vayan a darse retrocesos en las causas que ya se han iniciado y en las investigaciones que se vienen haciendo desde hace meses en diferentes casos de corrupción.
No es, de ninguna manera, un acto de deslealtad porque el Fiscal General no es, por definición, un funcionario sometido a la autoridad del Presidente de la República, aunque así haya sido en el transcurso de muchos períodos en los que todos los fiscales no sólo se hicieron de la vista gorda ante la podredumbre de nuestros políticos, de las instituciones y de muchos ciudadanos, sino que fueron cómplices de esos vicios apañándolos de manera descarada.
En Estados Unidos, donde el Fiscal General es el Secretario de Justicia y tiene dependencia del Presidente, vimos cómo el titular Jeff Sessions se excusó de conocer los casos que implican al presidente Trump por el tema de Rusia y dejó la investigación en manos de un fiscal independiente sobre quien no tiene ningún control, situación que el Presidente que no tiene respeto por el poder institucional no ha llegado a entender, diciendo que si hubiera sabido que esa sería la actuación del Fiscal General no lo hubiera nombrado; sin embargo, tampoco se ha animado más que a hostilizarlo sin llegar a su destitución porque en ese país ello implicaría una clara obstrucción de la justicia.
Lo mismo pasó con la fiscal Thelma Aldana cuando se terminó la investigación del Caso La Línea que implicaba a la Vicepresidenta, inicialmente, y que luego se llevó de corbata a Pérez Molina. No hubo vacilaciones porque ella entendió que el compromiso, el deber y la responsabilidad estaban con la aplicación de la ley y no con lealtades que no caben en ese puesto, aunque así lo haya marcado durante años la añeja tradición.
El Fiscal General que nombre el Presidente, con todo y su conflicto de interés, le rendirá cuentas al pueblo y no al mandatario.
