Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
En la Comisión Helsinki del Congreso de los EE. UU., la semana pasada se llevó a cabo una audiencia pública para investigar si la CICIG y al Ministerio Público están actuando a instancias del Kremlin, en el caso de migración, donde los miembros de una familia rusa –los Bitkov– son acusados de usurpación de estado civil, uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil.
El magnate Bill Browder y los abogados de los Bitkov relataron, con lujo de detalles, los padecimientos sufridos por Igor, Irina y sus hijos Anastasia y Vladimir. Nadie que haya estado en la audiencia puede quedar indiferente ante la tragedia humana que ha vivido esa familia.
Los rusos llegaron a Guatemala en el año 2009 con la intensión de quedarse. Con ayuda de una entidad conocida como Cutino International Associates, cambiaron sus nombres y adquirieron pasaportes “guatemaltecos”. Todo iba bien en su nuevo hogar, hasta que el Ministerio Público y la CICIG descubrieron una red de corrupción que funcionaba en la Dirección General de Migración en Guatemala. Entonces empezó otro calvario para los Bitkov: enfrentarse a una investigación criminal en el Sistema de Justicia guatemalteco, el cual adolece de enormes deficiencias.
Durante el proceso se configuraron un sinnúmero de irregularidades: como el tiempo y la forma en que se llevó a cabo el allanamiento de su residencia; los días que permanecieron en las carceletas del OJ, sin ser escuchados por un juez; la cárcel de hombres a donde fueron enviadas Irina y Anastasia; la falta de atención y malos tratos que el pequeño Vladimir sufrió en el orfanato a donde fue enviado por una juez, sin tomar en consideración que el niño estaba al cuidado de sus tutores; etc. etc. etc.
Quien conoce la problemática del Sistema de Justicia guatemalteco y la debilidad institucional que aqueja al sector público, sabe bien que la tragedia que han vivido los Bitkov no es distinta a la que experimentan diariamente miles de guatemaltecos que, por diversas circunstancias, deben rendir cuentas ante la justicia.
Hay en esta trama, varias preguntas que debemos hacernos. ¿Existen suficientes indicios de que los Bitkov cometieron hechos que ameriten la persecución penal? ¿Tiene la CICIG capacidad de prevenir todas las vicisitudes que ocurrieron dentro del proceso? ¿Serán la CICIG y el MP responsables de la actuación de todos los funcionarios públicos, incluyendo el personal del Sistema Penitenciario, los abogados de la PGN, los jueces, etc.?
Al responderlas se debe tener en cuenta el principio del derecho romano que promulga: «ignorantia iuris non excusat», la ignorancia de una ley no es excusa para no cumplirla. Según consta en el proceso los rusos admitieron que pagaron 50 mil dólares por los pasaportes. Es a los jueces a quienes les toca valorar la responsabilidad de los hechos cometidos con la pena impuesta, para aplicar el principio de proporcionalidad.
También hay que saber que las atribuciones de CICIG están delimitadas por el acuerdo de creación. Su función en el proceso se limita apoyar la gestión del MP bajo la figura de querellante. El propio Bill Browder admitió que no tiene pruebas que demuestren que el gobierno ruso haya influenciado a los funcionarios del MP o de CICIG.
Pretender vincular el fracaso institucional guatemalteco, a una conspiración rusa es querer tapar el sol con un dedo. El caso de los Bitkov pone en evidencia, que aún hace falta mucho para que en Guatemala se protejan los derechos de sus habitantes. Tarea pendiente de todos los guatemaltecos.
