Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más temprano”.
Voltaire.
Una vez más la fragilidad de las democracias centroamericanas, ha quedado en evidencia con los acontecimientos sociopolíticos de los últimos días.
En la tierra de Rubén Darío, la represión hacia la población civil que protesta en contra de la tiranía de los Ortega – Murillo, demuestra que las ansias de poder y la avaricia no tienen idolología. Desde Managua, Monseñor Silvio–José Báez hace un llamado para que cese la violencia y se libere a quienes han sido detenidos arbitrariamente. El hastío de los ciudadanos llegó a su límite y no será fácil que la pareja de dictadores retome el control.
En Honduras, las denuncias de corrupción han empañado las acciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras –MACCHI–, mientras el Legislativo busca cómo entorpecer la gestión de ese organismo y el gobierno se toma su tiempo para dar su beneplácito al nuevo vocero propuesto por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
En Guatemala, otro caso de corrupción sobre el financiamiento electoral ilícito, puso nuevamente al Presidente Morales en el foco de las investigaciones. ¿Qué puede argumentar el Presidente en su defensa cuando los empresarios, principales financistas de su campaña, han reconocido públicamente que son partícipes de esos hechos delictivos?
No es una sorpresa que el sector empresarial apoye económicamente a los partidos políticos; situación que de por sí, no constituye un acto prohibido. El hecho ilícito es pretender disfrazar el aporte, para evitar cumplir con las normas electorales establecidas. Lo que sí es verdaderamente asombroso, es ver a la cúpula empresarial someterse ante la ley.
No hay duda que la declaratoria de –mea culpa– ha marcado un precedente para la justicia del país; pues demuestra que los grupos poderosos empiezan a reconocer el imperio de la ley. Al verse expuestos, buscan llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Esta figura legal, conocida en el derecho anglosajón como “plea bargain”, permite a los imputados llegar a un acuerdo con la fiscalía. Aceptan su culpabilidad, a cambio de una pena reducida.
Por mucho tiempo Guatemala, ha sido un pueblo sin ley. En algunos casos, un lugar donde la ley es aplicada en contra de quien no tiene cómo pagar los servicios de un abogado influyente. Salvo raras excepciones, la justicia ha estado al servicio del poder. Entender que nadie está por arriba de la ley, es el primer paso para establecer un verdadero Estado de Derecho. Lamentablemente, no todos quieren aceptar esta situación. Los políticos defienden un sistema que a todas luces se está desmoronando.
El Presidente Morales, es un claro ejemplo, de quien prefiere atrincherarse antes que probar su versión de los hechos en un proceso judicial. Ante las graves denuncias en su contra lo único que podría hacer para recuperar su legitimidad es nombrar a un Fiscal General que se caracterice por su total independencia y que sea capaz de llevar las investigaciones criminales con objetividad. Luego, renunciar a su derecho de antejuicio para someterse a los tribunales de justicia y brindar la información que según él lo exculpa de responsabilidad. Solo ante los tribunales podría probar su inocencia.
Centroamérica, está en una encrucijada. Aunque el camino sea empedrado y cuesta arriba, debemos tomar la senda de la legalidad y trabajar para que se respete la ley.
