Javier Monterroso
El Ministerio Público es una de las instituciones más importantes del Estado, se encarga de la persecución penal de los delitos y dirige la investigación criminal de los mismos; para que pueda investigar todos los delitos sin importar quién es el responsable se le otorgó autonomía funcional, administrativa y financiera, es decir es totalmente independiente de los otros poderes del Estado. Sin embargo, se cometió un grave error al momento de su creación, pues se dejó en manos del Presidente de la República la elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público, un terrible error sobre todo si se toma en cuenta que su creación fue en 1993, precisamente después de que el expresidente Jorge Serrano Elías intentó hacerse con el control absoluto del Estado, en ese sentido me parece extraño que los diputados no hubieran otorgado a la Corte Suprema de Justicia la facultad de nombrar al Fiscal General como se hace en Costa Rica, o en el mismo Congreso como se hace en Honduras. De hecho, la historia reciente de nuestro país nos demuestra que los presidentes de la República tienen una tendencia a cometer delitos, en efecto, Jorge Serrano se encuentra prófugo de la justicia, exiliado en Panamá acusado de violación a la Constitución, Alfonso Portillo fue condenado en EE. UU. por corrupción, Álvaro Colom se encuentra en prisión por corrupción, al igual que Otto Pérez Molina, y el actual presidente Jimmy Morales tiene varias denuncias por financiamiento electoral ilícito. Es por ello que la ciudadanía no confía en que Jimmy Morales haga una buena elección de Fiscal General, pues sin lugar a dudas él buscará nombrar a una persona que garantice impunidad para él y para su hermano y su hijo, que también están siendo procesados por lavado de dinero y falsedad.
Afortunadamente el presidente Morales no puede poner a cualquier persona, tiene que escoger de una lista de seis candidatos seleccionados por una Comisión de Postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del mismo colegio y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país. El proceso de selección no es fácil, la Ley de Comisiones de Postulación aprobada en 2010 tiene muchas deficiencias, se permite mucha discrecionalidad y los criterios no son adecuados, por ejemplo: se puntean los títulos universitarios por igual sin importar si fueron emitidos por una universidad de prestigio a nivel mundial o una nueva y sin mayor tradición, se dan puntos por dar clases como si la labor del Fiscal General tuviera relación con la docencia, no se realiza un análisis de los casos que el candidato ha llevado como abogado, juez o fiscal, no se privilegian a los funcionarios de carrera judicial o fiscal que tienen la experiencia y la formación adecuada, etc. A pesar de estas deficiencias desde la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación se han llevado a cabo tres elecciones de Fiscal General: la primera en el año 2010 fue la que dio como resultado la elección de Conrado Arnulfo Reyes que la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir, la segunda en ese mismo año terminó con la elección de Claudia Paz y Paz y la de 2014 culminó con la elección de Thelma Aldana, el resultado hasta la fecha ha sido positivo.
Nuevamente los miembros de la Comisión de Postulación tienen la responsabilidad histórica de mandar al Presidente un listado de seis candidatos honorables, capaces e independientes, tienen que tener claro que si mandan un candidato que no llene estos requisitos el Presidente sin duda lo nombrará, por eso no pueden equivocarse, la ciudadanía estará pendiente de sus decisiones y sin duda serán juzgados por ellas.
