Félix Loarca Guzmán
El Tribunal Electoral de Guatemala ha convocado a los ciudadanos, para que participen en una Consulta Popular el próximo 15 de abril y mediante el voto decidan el rumbo del diferendo territorial, insular y marítimo con Belice.
Sobre la base de antecedentes legales e históricos, Guatemala siempre enarboló el principio de que Belice era parte de su territorio.
Wikipedia, la enciclopedia libre, señala que el gobierno del Presidente Jorge Serrano, (1991), aprobó la impopular medida de reconocer la independencia de Belice, territorio por el cual Guatemala sostuvo una larga lucha diplomática desde el Siglo 19. Agrega que como Canciller de ese Gobierno, el señor Álvaro Arzú Irigoyen, firmó el correspondiente acuerdo.
A lo largo de muchos años, el Derecho Constitucional Guatemalteco mantuvo el principio de que “Belice es parte del territorio de Guatemala”, lo que aparece por primera vez en la Constitución de 1945 (época de la Revolución de Octubre), así como en las Constituciones de 1956 y 1965.
Con el reconocimiento de la independencia de Belice como Estado, el gobierno de Guatemala abandonó aquel enunciado. En su oportunidad, Serrano manifestó a la Corte de Constitucionalidad, que el citado reconocimiento no significaba una renuncia al diferendo territorial, por lo que su gobierno decidió dejar constancia expresa de ello.
El territorio de lo que hoy es Belice perteneció originalmente al reino de España. Durante el tiempo de la colonia, cortadores de palo de tinte que antes habían sido bucaneros ingleses, se asentaron en ese territorio. Para mantener la paz en la región, los reyes españoles permitieron a los ingleses que sus trabajadores continuaran en la ocupación de cortar el palo de tinte. Sin embargo, posteriormente se mantuvieron por la fuerza, en una clara usurpación de un territorio que no les pertenecía.
La Constitución de la República Federal de Centroamérica emitida el 22 de Noviembre de 1824, decía: “El territorio de la República es el mismo que antes comprendía el antiguo Reyno de Guatemala, a excepción de la provincia de Chiapas”.
El 15 de abril, los guatemaltecos podrán decidir si el litigio se somete o no a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la información sobre el tema ha sido muy pobre y confusa. Muchos ciudadanos no entienden el motivo de este referéndum. Por eso, diversos analistas han pronosticado que la Consulta Popular podría ser un fracaso.
Para su realización, se destinaron 300 millones de quetzales. En vez de ello, pudo programarse para que coincidiera con las próximas elecciones generales. De esa manera, se hubieran reducido los gastos, evitando el despilfarro de tanto dinero, en un país como Guatemala donde prevalecen la pobreza, la desnutrición infantil, el hambre, el pésimo estado de las carreteras y la deficiencia de los servicios de salud y educación.
