Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La forma en que manejaron los recursos públicos en el gobierno del Partido Patriota es un botón de muestra sobre lo que es nuestro país y la forma en que prostituyeron la cacareada democracia. El colaborador eficaz, no sólo en el proceso sino también durante la rapiña de Baldetti y compañía, Juan Carlos Monzón, sigue destapando clavo tras clavo y lo que llama la atención es la forma en que usaban los recursos que debían de servir para inversión en el desarrollo y la promoción de oportunidades para esos millones de guatemaltecos que han terminado emigrando porque su horizonte se cierra en esta saqueada patria.
Chocante es la información sobre cómo actuaron ante la queja que hizo la narcotraficante Marllory Chacón Rosell cuando se le empezó a inundar su casa de descanso en la lotificación San Marino, situada a la par de las instalaciones de Puerto Quetzal. Resulta que para resolver ese problema muy personal se puso en marcha a la maquinaria del Estado y se ordenó hacer un trabajo de dragado que, por supuesto, fue pagado con fondos públicos y la rapiña aprovechó para matar varios pájaros de un solo tiro. En primer lugar se le adjudicó el trabajo a un financista de campaña, Raúl Osoy, quien utilizó a su empresa Topsa Construcciones Sociedad Anónima para realizar el dragado y cobró nada más y nada menos que 65 millones de quetzales, cifra escandalosa pero que en comparación con el monto de todos los trinquetes que han salido a luz (y que no son todos los que hicieron, por supuesto), termina siendo moco de pava. Tanto huevearía Osoy que se pudo dar el lujo de darles una “comisión” de 15 millones de quetzales al Presidente y la Vicepresidenta quienes, de esa manera, atendieron a la llamada Reina del Sur que les había dado pisto para la campaña, hicieron lo propio con el constructor que también fue financista y, de paso, se embolsaron quince millones de quetzales.
Cuando se construyó Puerto Quetzal mucha gente que tenía propiedades a la orilla del mar en la parte más exclusiva de la lotificación Likín terminó perdiendo su inversión porque los trabajos realizados provocaron tales cambios en las mareas que todas esas viviendas fueron destruidas por la fuerza del mar. Eso ocurría en tiempos del gobierno de Lucas, conocido por su corrupción, pero los propietarios de las viviendas no lograron, ni traficando influencias, que se hiciera algo para revertir el daño o para compensarlos por el mismo.
El otro caso que escandaliza es cómo se usó el poder presidencial para exonerar impuestos para financiar la compra del diario Siglo.21 que, según Monzón, terminó siendo una pésima inversión porque la empresa comprada por los cooperativistas estaba quebrada. No contentos con el saqueo permanente del erario, todavía se usó el poder presidencial para eliminar de un plumazo una deuda de impuestos cercana a los diez millones de quetzales y esa cantidad, derivada de la exoneración, se utilizó como parte del dinero necesario para la compra de las acciones.
¿Qué país puede prosperar cuando el poder se usa de manera tan abusiva para el enriquecimiento de los políticos y sus socios? Ése es el país que el Pacto de Corruptos pretende perpetuar para seguir con la asquerosa fiesta.
