Luis Fernández Molina

Entendámoslo bien, quien aporta dinero anónimo a las campañas está afectando los sagrados intereses de la patria, está contaminando el patrimonio institucional de Guatemala. Quien quiere, a escondidas, tomar ventajas del resultado de los comicios está prostituyendo nuestra democracia. Quien “invierte” en las campañas políticas está desfigurando el mapa electoral, acervo y valor de todos los guatemaltecos. Quien facilita dinero o bienes en favor de un candidato está limitando el acceso a puestos públicos a muchos ciudadanos honrados y capaces. Con un sistema amañado, corrupto, Guatemala nunca va a salir de su miseria; con un gobierno manoseado por los politiqueros Guatemala nunca va a desarrollar el enorme potencial que tiene. El daño consiste en esa interferencia, en esa manipulación, entendamos de una vez que sin una buena elección no podremos nombrar buenos gobernantes y funcionarios; llegarán los politiqueros, los manipuladores, los mañosos. No podemos permitir que un nuevo gobierno entre debiendo favores de campaña; su prioridad no será gobernar libremente, sino que deberá ir pagando las facturas, muchas ellas, que debe.

Las figuras del Código Penal se establecen alrededor de los valores que se quiere privilegiar. De esa cuenta se tipifica el asesinato y el homicidio como afectaciones al valor mayor, que es la vida. La coacción afecta el valor de la libertad. La violación contra el valor de la libertad sexual. El robo y hurto contra el valor que es la propiedad. El derecho a tener elecciones libres, eficientes, bien oxigenadas es un valor que anhelamos todos los habitantes. Abrir opciones para una competencia transparente en la que triunfen los mejores candidatos, no los que, con mucho dinero, manipulan a las masas de votantes: publicidad hasta el cansancio, bloqueo de rivales, dinero a activistas, etc. Debe consolidarse un sistema de sana competencia y que gane el mejor. Claro, cada ciudadano es libre de hacer aportaciones a su candidato. ¿Por qué no? Empero si es un acto libre y transparente ¿Por qué ocultarlo?

Con la exhortación de la CC se deben tomar en cuenta varios aspectos: 1) Que el delito de financiamiento ilícito debe ser castigado aunque graduado según la gravedad; 2) Que el aporte anónimo es, por definición, anónimo, por lo tanto escondido, procurando ser invisible; 3) Que es más fácil detectar el aporte ilegal por el otro extremo, por los gastos; 4) Que hay aportador activo y aportador pasivo, como en el cohecho; uno que da el dinero y otro que lo recibe; 5) Que en muchos casos, del interior por ejemplo, podrán hacer aportes a determinado candidato sin que se enteren en las sedes; 6) Que el aporte no es solo dinerario; 7) Que en 2016 hubo reformas electorales (LEPP) con las que esta reforma debe empalmar.

Por lo mismo convendría subdividir entre: a) activo; b) pasivo y c) Administrativo. Por ejemplo: “Comete delito de financiamiento electoral ilícito activo quien haga aportes anónimos a determinado partido o candidato sin recibir comprobante de ese aporte. Comete delito de financiamiento electoral ilícito pasivo quien haga uso de esos recursos. Se considerará anónimo todo aporte que no se registre en los libros contables del partido y del que no se extienda recibo. A los responsables de ese delito, activo o pasivo, se les fijará una sanción de cuatro a ocho años. La sanción se duplicará (o triplicará) si quien aporta y quien recibe dichos aportes tiene conocimiento que los mismos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad relacionada. En cuanto a los responsables de la contabilidad del partido político que no hayan registrado los aportes se les aplicará una pena de tres a seis años.”

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