Entramos al período vacacional por excelencia en Guatemala, justo en una época en la que se llama a la Conversión y creemos que es propicio que, aún en medio del bullicio de lo que se ha dado en llamar verano en la plenitud de la primavera, dediquemos espacios para la reflexión sobre nuestras responsabilidades como ciudadanos en medio de un país que descubrió la raíz de sus propias podredumbres, pero que no atina a encontrar el rumbo para salir de ellas.
Superada en buena medida ya la polarización creada artificialmente para desprestigiar la impostergable lucha contra la corrupción y la impunidad, seguimos dando tumbos porque las fuerzas que se han beneficiado de esa perversión de nuestro modelo político se han sabido agrupar bajo la conducción histérica de quienes se juegan el todo por el todo ya no sólo para preservar la riqueza acumulada sino para evitar la cárcel.
El punto de partida de la reflexión tiene que ser sobre la viabilidad de un Estado que perdió la capacidad de cumplir con sus fines esenciales porque la cooptación lo puso al servicio de los intereses más espurios. Guatemala es un país que no tiene políticas públicas en ningún sentido y que abandona a sus habitantes de tal manera que en todos los indicadores de desarrollo humano vamos como el cangrejo, efecto que se incrementa más cuando se hace el análisis únicamente sobre la población indígena originaria, lo que habla muy mal de nuestra capacidad para generar inclusión social.
Con la salud y la educación por los suelos y ante el riesgo de perder aún en el área de seguridad que era la única que ofrecía modestos pero reales avances, el guatemalteco que no pertenece a ninguna de las élites tiene que pensar en la migración como alternativa al atractivo que significan las pandillas juveniles que pululan por toda nuestra geografía y que, según el Ministro de Gobernación operan desde la misma Policía Nacional Civil, según lo que expuso al pedir que la CICIG también se ocupe del tema.
La Guatemala de hoy, cooptada por perversos intereses que han puesto al Estado a su servicio exclusivo, no puede continuar y está en manos de la ciudadanía el remover esas estructuras de impunidad que alientan tanta corrupción. No queda tiempo para emprender la construcción de un nuevo orden político que, excluyendo el financiamiento como piedra angular de la cooptación, permita reencauzar al Estado para que pueda cumplir sus fines sin centrar en el clientelismo sus objetivos para enderezar el rumbo hacia el desarrollo humano sostenible.
