Para hoy el Congreso estableció que se conozca la iniciativa 5300, elaborada por el diputado Fernando Linares Beltranena, que reforma el procedimiento para tramitar los antejuicios y que, con mucha maña, plantea mecanismos que permitirán escabecharse sin mucho trámite a funcionarios como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General de la República y el Procurador de los Derechos Humanos, para citar precisamente a los que ya tienen en la mira. En la reunión de Jefes de Bloque con la Junta Directiva se decidió una agenda que activa, otra vez, el Pacto de Corruptos en lo que evidencia la clara intención de implementar las acciones que tienen previstas para consolidar la Dictadura de la Corrupción.
El Ministerio Público y la Fiscal General en particular han jugado un papel crucial en la lucha contra los vicios que carcomen a nuestro sistema político y no obstante que para mayo está ya prevista la sucesión de Thelma Aldana y la designación que hará el Presidente Morales es cantada porque él está definido con el bando que pretende perpetuar el modelo de cooptación del Estado y del saqueo del erario. Pero aún con esa certeza, no se puede descartar que coman ansias y para evitar que se puedan presentar nuevos casos, deciden facilitar un proceso de antejuicio contra la Jefa del MP.
En el caso del Procurador es claro que siendo un comisionado del Congreso ha hecho esfuerzos por hacer que prevalezca la ley y en la competencia de la protección de los Derechos Humanos ha presentado acciones que han sido cruciales para detener el avance del Pacto de los Corruptos. Y está sometido a intenso fuego, sin que importe la ausencia de concepto respecto a su competencia. Ayer lo atacaba la entidad gremial de agricultores porque, según ellos, no protege el derecho de propiedad. La protección de ese derecho, si es vulnerado por particulares, corresponde a los tribunales que conocen de delitos y no al PDH que tiene que evitar abusos del poder público que vulneren derechos humanos.
Y en el caso de la Corte de Constitucionalidad tienen en la mira a magistrados que han sido determinantes en decisiones cruciales para preservar el Estado de Derecho, y por ello tienen ya montados expedientes que se agilizarían con las reformas a la ley de antejuicios.
El diputado Linares Beltranena es una de las piezas clave del Pacto y él presentó la ponencia como diputado y dictaminó sobre ella en la Comisión de Legislación, allanando el camino para la ruta para descabezar las instituciones.
