Fernando Mollinedo C.
La corrupción es un problema de suma gravedad para la población que podría combatirla con denuedo y adoptar posturas firmes que las mismas leyes le permiten. El problema es el miedo de la gente a ser objeto de muerte por parte de quienes ostentan el poder.
La magnitud y extensión de la corrupción amenaza con aniquilar toda posibilidad de rescate social para este país que, después de ciento noventa y seis años de vida “independiente” aún intenta encontrar una definición de nación para crecer con solidez y justicia; porque, quien detenta el poder y lo ejerce con abuso en su actuar en la administración pública e incurre en conductas delictivas, corroe el funcionamiento de la vida en sociedad.
La estructura normativa que limita y ordena los comportamientos de las autoridades, es irrespetada en exceso por los mismos funcionarios, empleados del Gobierno e iniciativa privada, cuando despojan de sus derechos a sus legítimos titulares aprovechando la precariedad económica de éstos para defenderse; la violación es todavía más grave, porque entraña el sometimiento indigno del débil por el potentado poderoso quien se vale de la fuerza psicológica manifestada en forma de amenazas, despojos, quema de propiedades y otras formas violentas de apropiación indebida del patrimonio ajeno y social.
Desde la conquista española y la vida independiente, la iniciativa privada y las empresas transnacionales han contado con su poderío económico y la complicidad verdaderamente inexplicable, de los diferentes regímenes que administraron al Estado de Guatemala para apoderarse con diferentes manifestaciones jurídicas como las concesiones, alquileres, licencias de exploración, explotación, ventas para la adquisición anómala de los bienes nacionales.
La lenidad manifiesta en las instituciones y órganos gubernamentales que, por su función deberían ser custodios escrupulosos de las leyes, contribuye a la impunidad lo que hace inminente el riesgo de vivir con antivalores como es la falta de civismo y el irrespeto al pacto social (leyes); por el contrario, el combate a la corrupción implica más que perseguir a los delincuentes de cuello blanco, desfalcadores de las arcas nacionales, perpetradores de cohechos pasivos y activos, es cuestión de depurar la moral pública y los procedimientos de selección de las personas que tendrán a cargo funciones de gobierno y gestión, para asegurar su probidad y capacidad para el desempeño de los cargos.
El mejor remedio contra la impunidad, abusos y corrupción, radica en las buenas prácticas y no cabe duda que una de ellas sea, la acción enérgica, responsable, activa y generalizada de la denuncia para la defenderse de las acciones abusivas e ilegales de que hayan sido objeto y el reclamo de sus propios derechos.
Sin una conducta así de enérgica, será difícil contener el progreso de la putrefacción en cuya matriz, radica el abuso de poder; y viene a colación el decir que el combate a la corrupción tiene dos extremos: 1) el hombre que pisa a otro, y 2) el que se deja pisar. Como muestra: Aviateca, Guatel, Fegua, peajes, TCQ y otros más…
