Víctor Ferrigno F.
El pasado martes 13 de febrero será recordado como el día insólito, en el cual un expresidente y su Gabinete fueron encarcelados por actos de presunta corrupción, al usar el transporte público para ponerle ruedas a un mega fraude de Estado.
Desde hace años la ciudadanía oía de un posible fraude millonario en el Transurbano, fraguado durante el gobierno de Álvaro Colom, y medio mundo se preguntaba por qué ni el MP ni la CICIG procedían contra los presuntos hechores. Ahora que ambas entidades destaparon lo que constituye uno de los mayores fraudes de Estado, se hizo evidente las complejidades de la trama, y las razones para la tardanza.
El destape y las capturas son, apenas, la primera fase de una vasta operación, que nos ha costado a los contribuyentes Q256 millones. Pero el fraude es mucho más grande pues, hasta diciembre del 2017, el Transurbano ha recibido un subsidio de Q1 mil 474 millones, y la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció, a principios del presente mes, que encontró diversas anomalías.
Detalles aparte, los dos entes investigadores concluyen que “Las autoridades del Organismo Ejecutivo, con el objeto de favorecer arbitrariamente a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), desarrollaron un artificio que buscaba evadir todos los mecanismos de control estatal, y de esa forma defraudar al Estado, a los agremiados de la AEAU y a la ciudadanía en general”. “La firma del Acuerdo Gubernativo 103-2009 fue la consagración de todo el mecanismo de engaño”. La norma, dicen, fue preparada y presentada por Juan Alberto Fuentes Knight.
Por ello resultan risibles y cínicas las declaraciones del vocero de la UNE, argumentando que les parecen desproporcionadas las aprehensiones de Colom y sus ministros, pues varios de ellos no tenían nada que ver con el Transurbano, sabiendo que el 6 de abril de 2009 se aprobó el Acuerdo Gubernativo 103-2009, sin convocar al Consejo de Ministros, como establece la ley, por lo que las firmas de los funcionarios se recogieron posteriormente. Procedieron a pesar de que el Vicepresidente Espada se negó a firmar, señalando posibles anomalías. “La posterior entrega de los 35 millones de dólares a la AEAU generó la perpetración del delito de peculado”, concluyen el MP-CICIG.
En dos platos, los detenidos y los empresarios prófugos están siendo procesados por haberse adherido a un fraude legal, a sabiendas que incurrían en varios delitos; nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Por qué se animaron? Porque confiaron en la impunidad. Esa es, caso tras caso, la madre de la corrupción y de delitos de lesa humanidad, como las masacres.
Según la investigación, el fraude se generó en ocho pasos, violando la Constitución y diversas leyes. A toda costa evitaron los dictámenes de Segeplan y de la Procuraduría General de la Nación, así como la consulta a la Municipalidad. Tampoco se hicieron los estudios técnicos ni financieros, ni la licitación correspondiente. Arbitrariamente, escogieron a la AEAU como ente ejecutor ¿a cambio de qué? La respuesta es obvia.
En la investigación también descubrieron que la AEAU aportó financiamiento electoral ilícito y acarreo de votantes para las campañas de Colom y de Pérez Molina, por lo que ambos gobiernos la favorecieron con ilegales subsidios.
Debemos apoyar al MP y la CICIG que, dirigidos por Aldana y Velásquez, una vez más aplican la ley sin distingo de partidos, clases sociales y credos religiosos.
Es el momento de actuar, de protestar y de depurar a una clase política podrida hasta la médula; la apatía no es opción. Recordemos la máxima de Martin Luther King: “No me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena”.
