Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp92
Como norma de la vida, uno no puede pensar en construir un futuro mejor si no existe esa capacidad (que requiere de una suficiente dosis de humildad) de mirar a lo interno para evaluar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué debemos seguir haciendo igual, qué debemos cambiar y en qué debemos mejorar la ruta.
Todo lo anterior es un proceso de aceptación de la realidad porque bien dicen que uno no puede cambiar algo que no acepta o no quiere ver y traigo esto a colación porque entiendo que por la situación actual y, sobretodo, por la manera en la que ha funcionado nuestro sistema, existan muchas personas preocupadas que en Guatemala se haya empezado a aplicar la ley.
Existe una iniciativa de Ley de Aceptación de Cargos que busca descongestionar el Sistema Judicial pero no mediante el olvido o a través de ignorar los hechos, sino como una medida que dé oxígeno a un sobrecargado sistema y asegure reparación a las víctimas “porque condiciona esas prerrogativas a la indemnización integral de los daños ocasionados con el delito”, según se lee en un comunicado que está publicado en la misma página de la CICIG.
Según el proyecto de ley, los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por el Ministerio Público y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso, de la siguiente forma: a) Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad; b) Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte y c) Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.
Entiendo que eso de andar “aceptando” no quepa en el lenguaje de quién se refugia en el Ejército para protegerse ni de aquellos que aún siguen pensando, como me dijo un conocido, “que en Guatemala lo meten preso a uno por voltear a ver” y menos de quienes ven la corrupción como “normal”, pero debemos entender que pretender una Guatemala diferente sobre las mismas bases de la impunidad, es simplemente insostenible.
Creo que vale la pena hacer un llamado a la reflexión a aquellos que están “haciendo” porras desde la clandestinidad para que Álvaro Arzú siga tensando la pita hasta que se rompa (buscando diversas maneras y usando hasta al presidente Jimmy Morales), pues estiman que ese sería su mejor escenario porque no solo evitarían cualquier aceptación, sino que las cosas volverían a su cauce.
Cualquier situación relacionada con la justicia no puede pasar por las vías de la impunidad y por eso es que esta ley es una salida a las preocupaciones de muchos y deben exigirles a sus diputados que la aprueben sin seguir parámetros del Día de la Infamia, es decir, desvirtuarla por completo para asegurar impunidad.
Es oportuno hacer un llamado de reflexión para que quienes compartan que el país no puede pensar en un futuro mejor sobre los mismos vicios, alcen su voz y empiecen a marcar una clara distancia de aquellos que ven como única salvación el derrumbar todo, salir de Iván Velásquez, Thelma Aldana, Jordán Rodas, tener jueces tipo Stalling y Moto, pasar por cabezas y regresar al pasado para que siga siendo ese el modelo del futuro.
Las consecuencias a pagar serán graves para todos, incluidos los que hoy se saben con oportunidades pero especialmente, aquellos cuya única oportunidad es migrar para romper el círculo generacional de la pobreza.
