En las investigaciones del Caso La Línea se realizaron, con apego a la ley y el respaldo de la orden judicial correspondiente, escuchas telefónicas que permitieron ir conociendo cómo funcionaba la estructura criminal dedicada al contrabando generador de millones de quetzales de comisión para altos funcionarios de gobierno. En el curso de las escuchas que se realizaron a los teléfonos de Juan Carlos Monzón y de Salvador Estuardo González, alias Eco, apareció la voz de la entonces Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, quien gozaba de inmunidad y por lo tanto no podía ser investigada. Cuando sus comunicaciones la comprometieron y evidenciaron como parte de la organización delictiva, se pudo solicitar que le revocaran el derecho de antejuicio y de esa cuenta se procedió a situarla en la condición en que actualmente está.
Lo mismo le pasó al entonces Presidente de la República, cuyo teléfono no podía ser sometido a una escucha, pero se quemó cuando se comunicó con el teléfono del Superintendente de la SAT para hablar de los trinquetes. En ese momento la conversación se convirtió en un hallazgo inevitable que, por supuesto, dio lugar a que se solicitara el retiro de la inmunidad.
Eso ocurre con mucha frecuencia cuando se recurre a métodos de investigación que, precisamente, abren una gama de posibilidades porque quienes se comunican a los teléfonos que están ya bajo el sistema de escuchas pueden caer con las manos en la masa en el momento en que hablan respecto a las actividades criminales.
Ayer trascendió un audio en el juicio del Caso Traficantes de Influencias en el que se escucha una voz identificada en la conversación únicamente como de Filipao. Al hacerse público el mismo por la prensa, el diputado Alejos se apresuró a decir que le habían violado su derecho de antejuicio, reconociendo implícitamente que la voz es suya. Además, dijo que se violó el debido proceso porque el caso está en reserva y que eso le perjudica. Concluyó diciendo que el tema debe dilucidarse en los órganos jurisdiccionales y no en los medios, por lo que no emitirá opinión alguna, esperando que se respeten sus derechos.
En primer lugar el caso no está en reserva puesto que el audio fue aportado como prueba contra uno de los sindicados, Giovanni Marroquín Navas y las pruebas que se aportan son públicas. Pero lo que sí es importante es que dice que los órganos jurisdiccionales son los llamados a dilucidar el caso, lo que puede entenderse como una buena disposición a no escudarse en el antejuicio como han hecho tantos funcionarios.
