Javier Monterroso
Sin duda el año que termina fue muy complicado para casi todos los políticos y funcionarios de alto nivel en Guatemala, empezando por el Presidente de la República Jimmy Morales, quien a principios de año tuvo que ver cómo conducían a la cárcel a su hijo y a su hermano, en marzo el incendio en el Hogar Seguro demostró la enorme incapacidad de su equipo de trabajo y posiblemente sea un tema que vuelva a perseguirlo en el futuro si el MP y los querellantes logran probar su responsabilidad en el mal manejo de la situación, en julio la Corte de Constitucionalidad declara ilegales los nombramientos de los gobernadores departamentales, pero además en agosto la CICIG y el MP lo involucraron en un caso de financiamiento electoral ilícito, como consecuencia de lo anterior tuvo que negociar el Pacto de Corruptos con el Congreso de la República para evitar que retiraran su inmunidad, en septiembre comete el error más grande de su gestión al declarar non grato al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez y nuevamente la Corte de Constitucionalidad le corrige la plana, por si fuera poco es el gobierno que menos ejecución de obra e inversión pública ha logrado en la historia de Guatemala, y aunque hay que reconocer que la jugada de apoyar el traslado de la Embajada a Jerusalén lo posicionó bien con la administración Trump, lo cierto es que su imagen pública y el nivel de credibilidad que tiene ante la población es el más bajo que un presidente ha tenido en apenas su segundo año de gobierno.
Sin embargo, el desgaste está en todos los poderes del Estado, también el Congreso de la República tuvo un año difícil, no solamente aprobaron pocas leyes, sino que dejaron de hacer varios nombramientos que estaban legalmente compelidos a hacer con lo que han incurrido en incumplimiento de deberes, la Corte de Constitucionalidad también les corrigió la plana en otros nombramientos y finalmente en septiembre cometieron la ilegalidad de modificar el Código Penal para procurar impunidad, no es de extrañar que según las encuestas de opinión el Congreso pase por su momento más bajo de legitimidad. Para el Poder Judicial el 2017 también fue complicado, desde enero cuando la CC ordena una nueva elección de presidente, pasando por los diversos casos de corrupción en donde se han visto involucrados jueces y magistrados.
Pero el 2017 también será recordado como el año más difícil para la CICIG y el MP, no solamente las reformas constitucionales en materia de justicia fueron prácticamente enterradas por el Congreso, sino porque los casos de corrupción que han llevado desde el 2015 han tenido pocos avances en el Sistema de Justicia debido a la proliferación de amparos y recursos dilatorios, además han tenido fuertes reveses judiciales como en los casos de los hermanos Valdez Paiz, Bufete de la Impunidad y Agua Miel, además la declaratoria de non grato hacia el Comisionado en septiembre estuvo a punto de concretarse y fue solo gracias a la intervención de organizaciones de la sociedad civil y al fallo de la CC que don Iván Velásquez no tuvo que abordar un avión hacia su país, pero además el desgaste y ataques constantes de los Net Centers en las redes sociales y de los canales de televisión ha logrado mermar el apoyo que algunos sectores populares tenían hacia la CICIG y el MP, y es que sectores poderosos están invirtiendo mucho dinero y esfuerzo en lograr desgastar la imagen de ambas instituciones.
En conclusión, un año difícil y complicado, en donde la sociedad se ha polarizado aún más, pero ahora no por razones ideológicas sino debido a la lucha contra la corrupción, la cual algunos sectores han querido vender como una lucha ideológica, pero que a todas luces no lo es, sin embargo, si es una lucha donde se juega la viabilidad y el futuro del país.
