Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Termina el año y corresponde hacer un balance de los objetivos que hemos alcanzado y de los que aún nos falta por cumplir. A quienes asumen una responsabilidad en la administración pública, les toca evaluar si están cumpliendo con la función que les ha sido asignada o para la que fueron electos.
El Congreso termina el año con una nube negra sobre su gestión. No es fácil olvidar que, en septiembre, los diputados, quisieron aprobar una ley a favor de la impunidad. A esto se suma que cargan con el compromiso, por más de veinte años, de promover una reforma constitucional del sector justicia, que prefieren ignorar. Los diputados, salvo raras excepciones, han demostrado que ocupan su curul para promover sus intereses personales y no para velar por el bienestar de la población.
En el elefante blanco del Organismo Ejecutivo, los ministerios y secretarias, han fallado en realizar una labor de forma eficiente y en transparentar el gasto público. Muchas ni siquiera pudieron ejecutar el presupuesto que se les había asignado, por su evidente incapacidad administrativa. Algunos de las carteras en el Estado están cooptadas por las mafias de los sindicatos; como el Ministerio de Salud o el de Educación, por ejemplo. La falta de liderazgo, permite que los sindicalistas sigan ordeñando al Estado y le impiden modernizarse.
La gestión del presidente Morales, en su segundo año de mandato, también deja mucho que desear. Habría que recordarle que fue electo, por los ciudadanos que creyeron en sus promesas de campaña, de que lucharía contra la corrupción. Sin embargo, a la fecha no ha dado muestras claras de tener intensiones de cumplir con sus promesas. Es más, cuando el Ministerio Público y la CICIG presentaron un antejuicio en su contra, para que rindiera cuentas de sus actos ante la justicia, su reacción inmediata fue expulsar al comisionado Velásquez y esconderse, con la complicidad de los diputados, bajo el manto de la impunidad.
En el Organismo Judicial, tristemente, el saldo también es negativo. Los múltiples casos relacionados con la corrupción, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Publicó y la CICIG, están enredados en una maraña de impugnaciones y de retrasos administrativos, muchas veces injustificados. Los jueces tienen la plena facultad para rechazar in limine, los recursos que sean frívolos o improcedentes para agilizar los procesos. Pero algunos prefieren ignorar esa potestad y trasladar la responsabilidad a otro órgano jurisdiccional.
En un país destruido por la corrupción y la incompetencia de sus gobernantes; donde existen tantas necesidades, hace falta que los ciudadanos honestos, que quieren un mejor país, se involucren de manera más activa en exigir transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. Quienes, por el contrario, usan sus habilidades para aprovecharse de las debilidades del sistema y delinquir impunemente, apuestan por la división de la sociedad y buscan generar desconfianza.
A pesar de nuestras diferencias, de las enormes desavenencias y las distintas posturas ideológicas, podemos soñar con un país en el que todos podamos vivir en paz, como sucede en Chile. De lo contrario, la falta de credibilidad en las instituciones y la perdida de legitimidad de las autoridades, nos llevará por el camino de Honduras. Apostarle a lucha contra la impunidad y contra la corrupción; a la construcción del Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional, nos podría unir como sociedad y debiera ser la meta en común de los guatemaltecos para el año 2018.
