Félix Loarca Guzmán

Cuando estamos en las postrimerías del 2017, muchos guatemaltecos abrigan la esperanza que el Año Nuevo 2018 les depare un futuro mejor para enfrentar los desafíos cotidianos, especialmente el alto costo de la vida, sueldos estancados y una pobreza galopante, además de la creciente inseguridad ciudadana por los alarmantes niveles de delincuencia.

En estos días, la sociedad guatemalteca se enteró con asombro e indignación, cómo las autoridades que se encuentran al frente de los tres organismos del Estado, literalmente han estado haciendo “chinche” los recursos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes, al repartir “bonos” en las distintas esferas de las instituciones públicas.

El pago de estos bonos, evidencia que el Estado cuenta con adecuadas posibilidades financieras para estimular a sus empleados y funcionarios. Sin embargo, extraña que el Presidente de la República, no haya ordenado una revisión periódica de las cuantías asignadas a los jubilados del Estado como lo ordena el artículo 114 de la Constitución Política de Guatemala.

El tener olvidados a los adultos mayores causa desencanto y frustración, puesto que son adultos mayores que sufren problemas de salud, sin posibilidades de conseguir un trabajo, puesto que por su edad, son discriminados. Sus pensiones son muy modestas y apenas les alcanzan para medio sobrevivir. Ojalá el gobernante ponga atención a este caso, para mejorar las asignaciones de ese segmento venerable de la población.

En el tema de los bonos, la última “sorpresa” fue el anuncio del actual ministro de Educación, Oscar Hugo López, sobre la decisión de otorgar un pago navideño extraordinario por el monto de 3 mil quetzales a cada uno de los miles de maestros que laboran en los centros educativos estatales. Precisamente ayer el Diario Oficial publicó el respectivo documento, mediante el cual se oficializa el otorgamiento de ese bono. Para hacerlo efectivo, el Ministerio de Educación erogará 400 millones de quetzales.

La justificación del Ministro, es que el bono constituye un reconocimiento a los profesores por su dedicación al servicio docente, al haber cumplido satisfactoriamente este año con los 180 días de clase, establecidos como meta principal para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

No discutimos la justicia de este pago como un incentivo para los maestros, pero el mismo contrasta con todas las penurias que este año se denunciaron sobre las deplorables condiciones en que los niños de muchas escuelas reciben sus clases sentados en blocks o en el suelo por la falta de pupitres en las aulas.

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