Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Callados, sin hacer mucha bulla y aprovechando estas fechas en las que todos viven preocupados por los convivios y cuando aumenta el nivel de la ya proverbial indiferencia ciudadana, poco a poco los sindicados por casos de corrupción van saliendo de la cárcel para regresar a sus casas gozando de medidas sustitutivas. De nada sirve, por ejemplo, que la presidenta de un tribunal se oponga con argumentos a otorgar la libertad bajo fianza porque siempre van apareciendo suficientes operadores de justicia que están listos para cumplir con los acuerdos que se hicieron en el momento en que fueron nombrados o, si son magistrados, cuando fueron incluidos en las comisiones de postulación y luego cuando fueron electos por el Congreso.
Y siendo tantos los sindicados pareciera como si a la opinión pública le empieza a importar poco el que, a pesar de las abrumadoras pruebas que han sido presentadas, se vaya dando este paso, que puede parecer un pequeño paso en un proceso, pero que, parafraseando a Neil Armstrong, puedo decir que se trata de un “gigantesco paso para la impunidad”.
No creo en la prisión preventiva como castigo sino como instrumento para asegurar que el sindicado no pueda fugarse, como hacen tantos de los que son señalados de la comisión de hechos delictivos y que luego nunca se apersonan en los procesos para probar su inocencia, y para impedir que esos mismos sindicados puedan utilizar sus capacidades, poderes e influencias para obstaculizar los procesos mediante la destrucción o alteración de pruebas esenciales.
Precisamente ese fue el criterio inicial que usaron los juzgadores cuando decidieron, bajo el escrutinio de la opinión pública que estaba más alerta por aquellos días, enviar a prisión preventiva a los acusados de casos de corrupción. Hay que entender que la corrupción es un delito en el que la prueba documental es importantísima, pero también se puede considerar como una prueba vulnerable porque, como se vio cuando precisamente en un juzgado desaparecieron varias piezas aportadas por la parte acusadora y resulta que ni el Juez ni sus subalternos pueden explicar lo que ocurrió.
Si de un tribunal es fácil hacer que desaparezcan pruebas, cuánto más fácil para el sindicado que sabe exactamente cuáles son los documentos qué podrían incriminarle y en qué lugar se encuentran.
Pero, sobre todo, el otro factor a considerar es que si con la prisión preventiva los sindicados recurren al litigio malicioso para entretener los procesos, cuánto más se hará uso de esas prácticas tan comunes y corrientes si el acusado ya está disfrutando de la comodidad de su hogar. Procesos en los que está preso alguien pueden durar literalmente varios años, pero si ya no hay nadie en prisión veremos cómo se pueden prolongar por décadas. Si un par de años o menos han sido suficientes para comprobar que el tiempo todo lo borra, veremos que después de algunos lustros la ciudadanía ya no le pondrá ni coco a los procesos y los expertos en la impunidad podrán actuar a sus anchas.
