Juan Francisco Reyes López
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En la página 273, bajo el subtítulo el reto financiero y la privatización, Álvaro Arzú se refiere a las necesidades financieras del Estado.
En la página 274 dice: “José Alejandro fue también quien recomendó elevar de 7.8% a 12% la carga tributaria para el año 2000, lo que hay quienes atribuyen a la URNG como partido político, tras finalizar el conflicto armado, pero no es verdad, fue nuestro proyecto”.
Ignoro cuál pudo haber sido el proyecto de carga tributaria que tuvo en mente Álvaro, lo que sí puedo dejar establecido es que durante el gobierno que presidió Ramiro de León Carpio, la bancada de diputados del FRG, a propuesta del suscrito, decidió que era necesario restituir el IVA al 10%, como originalmente lo había establecido el Ministro Leonardo Figueroa Villate y que antitécnicamente el jefe de Estado, Óscar Mejía Víctores lo había reducido al 7%.
Logramos que la propuesta fuera apoyada por los diputados de Democracia Cristiana, ocasión en la que Arzú, como Secretario del PAN, solicitó una reunión que fue aceptada en el despacho privado del general José Efraín Ríos Montt, secretario general del FRG, para pedirnos que no restituyéramos el IVA al 10%; es decir, su actitud era de no elevar la carga tributaria, lo cual le explicamos que no podíamos aceptar.
Siendo que el FRG y la DC sumábamos más de la mitad de los 80 diputados que integraba el Congreso, Álvaro Arzú se vio obligado a sumarse a la decisión y sus diputados votaron a favor de esa restitución del Impuesto al Valor Agregado, aumento que por cierto le benefició en los cuatro años de gobierno que presidió Arzú.
Si su intención fue elevar la carga tributaria al 12%, se quedó en una intención y el criterio fue plasmado como parte de los acuerdos de paz que, por cierto, Álvaro Arzú no implementó.
El siguiente Ministro de Finanzas de Álvaro fue, después de José Alejandro Arévalo, Peter Lamport, quien entretuvo el “pacto fiscal”, dejándolo para ser concluido y solicitado implementar al gobierno siguiente; es decir, al gobierno que presidió Alfonso Portillo y como Vicepresidente el suscrito.
Fuimos nuevamente nosotros quienes implementamos el aumento del IVA al 12%, con la modalidad que buena parte de ese aumento quedó a favor de todas las municipalidades del país, como una redistribución de los recursos públicos.
Es procedente señalar que una cosa es pensar y otra cosa es hacer. Por tanto, quien elevó la carga tributaria en el país, aunque no lo suficiente, fue el gobierno del FRG y no el gobierno del PAN.
Estimo procedente indicar que como parte del pacto fiscal, el gobierno del FRG modificó el Impuesto Sobre la Renta, estableciendo que las fundaciones no podrían ser utilizadas por algunos de los dueños para comprar yates, automóviles de lujo, y derivar recursos exonerados de impuestos a sus patrocinios políticos; por cuanto, existía el antecedente que algunas fundaciones habían comprado una decena de automóviles Mercedes Benz, los habían blindado, y un tiempo después los habían vendido a sus directivos o a sus esposas o familiares al 5% del valor que habían invertido y deducido exonerado de impuestos.
Esta limitación creo antipatía y resentimiento en estos poderosos grupos económicos a los que se les cerró una ventana de evasión.
¡Guatemala es primero!
Continuará.