Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

Hoy las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Honduras dijeron que no van a dar una declaración oficial sobre el resultado de la elección presidencial hasta que terminen con las adjudicaciones de las corporaciones municipales y las curules de los 128 diputados, en lo que no sólo es una prolongación del suspenso que ya sacó a la ciudadanía a las calles, sino que más pareciera una forma de ir midiendo hasta dónde está dispuesta la población a pelear para evitar la consolidación de los fraudes. En Guatemala tuvimos larga experiencia en cuanto a la manipulación de los resultados electorales y uno de los pasos que frecuentemente dieron los gobiernos para consolidar los manoseos fue el de retrasar los datos oficiales hasta que se aplacara la reacción ciudadana, como pasó con la elección de 1974 en la que Ríos Montt dejó tirados a sus seguidores que protestaban por el fraude que daba el triunfo al también general Laugerud.

Cuando observo la situación de Honduras no puedo dejar de pensar que Guatemala está a pocos pasos de llegar a esas situaciones por la polarización que se ha incrustado en la sociedad de nuestro país y el evidente plan de los corruptos para evitar a toda costa que se mantenga la lucha contra la corrupción. En Honduras se está plantando el pueblo ante la determinación de consolidar una reelección no sólo ilegal sino además fraudulenta, pero básicamente lo que estamos viendo es el cansancio de la gente ante el comportamiento siempre abusivo de la clase política que se siente con derecho a hacer lo que le dé la gana. No hay diferencia entre el presidente Hernández que manoseó la Constitución con la complicidad de un poder judicial también corrupto con lo que vemos en nuestro país con el presidente Morales totalmente comprometido con las fuerzas más oscuras del país.

Los hondureños, como los guatemaltecos, han sido pacientes y tolerantes con los abusos de los políticos pero es evidente que todo tiene un límite y cuando se llega a ese punto, la gente no tiene otra salida que la de la reacción ciudadana para demandar la salida de los pícaros. En nuestro país vivimos ahora bajo el espejismo de que hemos tenido logros en la lucha contra la corrupción, pero ya empezamos a ver que los corruptos están volviendo a sus casas con fallos judiciales aberrantes que empiezan con unos cuantos diputados pero que no tardan en llegar a los meros meros, es decir, el uno y la dos, como decían los operadores de La Línea porque, al fin y al cabo, la elección de magistrados no se hizo en una burda maniobra y manoseo de las comisiones de postulación por gusto, sino precisamente para tener garantizado que, cuando haga falta, esos operadores de justicia cumplan su papel de garantes de la impunidad.

No falta mucho para ver cómo se van concretando los arreglos del Pacto de Corruptos para consolidar el poder de esa vieja política que se resiste a desaparecer y será entonces cuando arrinconen al pueblo como hizo Hernández con los hondureños.

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