Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
Recientemente el proyecto de Presupuesto 2018 no fue aprobado, pero lamentablemente las discusiones no se dieron por razones técnicas, que sería necesario e interesante sostenerlas como mínimo en la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, sino que fue por razones políticas, donde prevalecen de manera egoísta los intereses sectoriales o personales.
Conviene resaltar que uno de los motivos por el cual tanto el vigente como la propuesta presentaron inconsistencias fue precisamente por el desfinanciamiento que ambos manifiestan, y es que persiste la intención financiera de seguir solapando gastos abultados (catedral del despilfarro, trama y demás excesos inmerecidos) en un Estado que ha sido condenado (por actores impresentables de la historia política de Guatemala) a soportarlos principalmente con ingresos tributarios, que dicho sea de paso, son raquíticos por la misma herencia de gobernanza ¿Cuándo se tomará la decisión histórica de contraer el gasto y aumentar el ingreso? Y es que con esa mentalidad de derroche sin beneficio palpable para la población, no habrá dinero que alcance. Es cierto que somos un país próspero, pero la realidad es que no lo es para la mayoría, y en la decisión del gasto e ingreso se refleja.
La meta de recaudación por impuestos se estableció para el 2017 en Q57.9 millardos, reconociendo esta semana el propio ente fiscal que esperan cerrar el año con una brecha de Q1.2 millardos; es decir, que con todo y el ingreso bruto por Q1.2 millardos fruto de las exoneraciones de multas, recargos e intereses vigentes durante un tercio del año, la capacidad de recaudación será de Q56.7 millardos, por lo que aumentarla a Q63 millardos para el 2018 evidentemente era sobreestimarla, ya que necesitaría un salto en ingreso por casi el doble de lo que no se cumplió en este año, aunque al final se proceda a restarle lo no administrado y no atribuible a la institución (tipo de cambio y precio de combustible).
Derivado de lo anterior, y ante la persistencia de un ambiente que no avizora un cambio en la política fiscal a corto plazo mediante una reforma legislativa que acerque al Estado al cumplimiento de un sistema basado en los principios de justicia y equidad tributaria, resulta necesaria la intensificación de las medidas administrativas que permitan una eficiencia recaudatoria que ha sido limitada por las prácticas arraigadas principalmente en los delitos de defraudación tributaria y de contrabando aduanero.
Muestra de ello, el viernes último fue noticia una supuesta red de defraudación tributaria que durante una década habría creado, solo en papel, 170 empresas con el fin de vender, a cambio de una comisión, facturas a obligados tributarios sin que existieran realmente las operaciones relacionadas con la compraventa de productos cárnicos, que luego estos últimos pudieron utilizar para sustentar costos, gastos y crédito fiscal ficticios, y así adulterar a la baja sus obligaciones tributarias (pago de impuestos), en franco perjuicio de los ingresos tributarios por millones de quetzales, consistiendo este tipo de operaciones como la forma más burda de defraudar al fisco.
