Edgar Villanueva
Esta semana, el país vivió de nuevo bloqueos organizados de carreteras nacionales a cargo de dos organizaciones de sociedad civil, las cuales, dentro de otras consignas que han defendido, esta vez buscaban la renuncia del presidente, Jimmy Morales, y de los diputados del Congreso que auspiciaron el famoso Pacto de Corruptos.
Nuevamente se pone en la mesa de discusión el derecho de protesta versus el derecho a la libre locomoción y se ha discutido ampliamente sobre cuál de los dos prevalece en caso de conflicto. Al respecto, es importante hacer algunas consideraciones sobre esta modalidad de “protesta social”.
En columnas anteriores había expresado mi oposición a los bloqueos como forma de protesta porque los considero contraproducentes tanto para los movimientos que los promueven, como para la ciudadanía “de a pie”. Por ejemplo, esta semana los bloqueos pretendían la renuncia del Presidente y los diputados, quienes tranquilamente realizaron sus actividades diarias, mientras el país estaba paralizado y cientos de miles de ciudadanos eran afectados por los bloqueos. De la misma manera, considero que estas medidas generan rechazo contra organizaciones que, en algunos casos, tienen demandas válidas que son compartidas por muchos ciudadanos, pero la manifestación de estas demandas terminan alienando a aquellos que podrían apoyar sus reivindicaciones.
Considero que también es importante analizar el derecho de libre locomoción y de protesta sin tener que calificar a alguno, de entrada, como superior al otro. Supongamos que son iguales, y que el Estado debe asegurar el ejercicio de ambos de la mejor manera. En esa disyuntiva, el bloqueo como forma de protesta sí quedaría relegado a un segundo plano pues yo puedo ejercer dicho derecho de otra forma, por ejemplo, a través de una marcha pacífica o de manifestaciones frente a los edificios públicos donde trabajan los objetos de mi protesta. Sin embargo, para ejercer mi derecho de libre locomoción, debo poder transitar libremente por aquellas calles y carreteras designadas para el efecto, y si la misma está bloqueada arbitrariamente, mi derecho esta automáticamente coartado.
Finalmente creo que es importante reiterar, que dentro de los movimientos sociales del país hay mucha gente que demanda justamente atención por parte del Estado y de la sociedad. En este sentido, creo que es importante canalizar la energía de la protesta hacia el diálogo multisectorial. En la ecuación del diálogo, es pertinente identificar a la institucionalidad responsable de atender las demandas de la población (tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo), pues a pesar que existe hasta ahora ha sido completamente ineficiente.
El nuevo escenario de la discusión de las demandas sociales de nuestro país debería de ser una sala de reuniones o un salón municipal y no las carreteras nacionales. Hagamos de nuevo un llamado a un diálogo multisectorial abierto que nos permita evitar los bloqueos y activar la institucionalidad correspondiente para canalizar las demandas justas de los movimientos sociales. Con voluntad podemos generar la confianza que movilice el cambio.
